Para Colombia, muy poco de la riqueza minera

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate a los ministros de Hacienda y de Minas y al director de la DIAN sobre los impuestos y regalías de la gran minería, Comisión Quinta del Senado, 22 de noviembre de 2011.

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A la minería informal hay que darle un trato democrático. Es insensato judicializarlos como si fueran criminales. En este gobierno ¿solo va a haber minería de trasnacionales o se le permitirá existir a la informal? En el tema de los tributos que pagan las mineras, no hay cifras confiables. La UPME concluye que lo que le toca a Colombia es solo el 20% por regalías e impuestos. A las trasnacionales se les cree por fe, dice la Contraloría. De un escandaloso 3,2 por ciento, la regalía real de la gran minería del oro. Los grandes contribuyentes no lo son porque paguen muchos impuestos sino porque recaudan el IVA y la retefuente de millones de colombianos. Las grandes empresas solo pagan el 11% del total de los impuestos. Gravísimas acusaciones del director de la Dian contra mineras y petroleras. Si los impuestos se les cargan tan solo a los pobres y a las clases medias, como está sucediendo, no será posible recaudar las sumas que la sociedad necesita para desarrollarse. Con solo minería no se desarrolla un país. Colombia, exportador de capital 

Antes de entrar en la materia propiamente dicha, debo hacer dos menciones rápidas. Lo primero es que hay en este momento una huelga en la trasnacional Prodeco-Glencore, una de las carboneras importantes de la Costa Atlántica. Mi llamado es muy simple y es que el gobierno brinde todas las garantías para que ese movimiento huelguístico se desarrolle sin obstáculos. La huelga es un derecho legal y constitucional, pero los informes que recibo de los trabajadores señalan que hay una actitud de negligencia de los funcionarios del Ministerio del Trabajo y una actitud hostil de los directivos de la empresa. Quiero resaltar que uno de los graves errores históricos de este país es que se habla mucho de democracia, pero a los trabajadores que la ejercen suelen verlos como criminales y darles trato de policía, en vez de atenderles sus reclamos. Esperemos que las cosas no se agraven, pues hay preocupación, señor ministro, porque en este momento parece que la policía se prepara a adelantar allí acciones que no se corresponden con las garantías laborales.

No es minería ilegal sino informal 

Lo segundo es un problema bastante más complicado al que le voy a gastar unos minutos. Está por empezar, el próximo 1° de diciembre, un cese de actividades indefinido en el Bajo Cauca antioqueño. Ya el ministro debe de tener una carta enviada por el doctor Ramiro Restrepo, presidente de la Confederación de Mineros de Colombia, hoy aquí con nosotros. Qué es lo que está pasando. En estos días el ministro Mauricio Cárdenas aseveró en El Tiempo: “A la minería ilegal hay que darle el mismo tratamiento que al narcotráfico”. Yo prefiero llamarla informal, porque se ajusta más a la realidad. Como prefiero llamar informales y no ilegales a los pequeños comerciantes y vendedores ambulante, como también a los pequeños industriales. Agrega el ministro Cárdenas: “Muchas de estas mafias de narcotraficantes, bacrim y guerrillas están utilizando la minería ilegal para financiarse”.

Hay una actitud de estigmatización de estos ciudadanos colombianos que ejercen la pequeña y mediana minería. Estuve con ellos el sábado en Caucasia, porque creo que es parte del deber de un congresista ver qué sucede y buscar salidas. Cuál no sería mi sorpresa, primero, cuando encontré que la reunión se hizo en el más importante hotel de Caucasia. El primero que habló fue el cura párroco del municipio, Edgar Darío Osorio, quien llegó con un mensaje del arzobispo, monseñor Alberto Ossa, y dijo: “Sin minería nosotros no podemos. Nos unimos a la minería. Alcaldes: no dejen a los mineros solos. Protesta pacífica”. Está en internet para quien quiera verlo (http://bit.ly/v4wABK.) Después hablaron los cinco alcaldes electos de Caucasia, Amalfi, Nechí, Tarazá y El Bagre, y por lo que se veía, no eran ni paramilitares, ni narcotraficantes ni guerrilleros. Y después habló el general Leonardo Pinto, del ejército de Colombia, y entre las notas que tomé (Ver en: http://bit.ly/v4wABK:) el general dice: “Conozco la injusticia que están enfrentando por parte del gobierno nacional. Le hemos explicado al gobierno nacional esta problemática. Entendemos la protesta que ustedes tienen. Este es un modo de vida de esta comunidad del Bajo Cauca antioqueño. Los problemas sociales existen y hay que arreglarlos. Entiendo que tiene que haber protesta, pero que sea pacífica. Es importante que haya harta gente acompañándola. El comandante de la División también entiende. Esta es una oportunidad para que la gente que trabaja aquí tenga un lugar en la sociedad. Ojalá el senador Robledo pueda ayudar a arreglar esto antes de paro. Yo sé que la gente vive de la minería”. Esa es la realidad, ministro, ustedes se equivocan en materia gravísima cuando insisten en darle un trato de policía y militar a una actividad económica. En el Bajo Cauca antioqueño hay minería del oro por lo menos desde la llegada de los españoles a América, hace 500 años. Esa gente con la que estuvimos ahí reunidos son mineros, como lo han sido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos.

Allí hay un problema complicadísimo de títulos, porque los tienen las trasnacionales. Hay entonces una minería de hecho, a la que yo llamo informal, un nombre acorde con la realidad social y económica. Y el gobierno se ha empeñado, con el propio presidente de la República a la cabeza, en estigmatizar a esos colombianos diciendo que son guerrilleros o paramilitares o narcotraficantes. Si hay allí delincuentes, ministro, el deber de ustedes es hacer una operación de escalpelo y coger al delincuente, pero no pueden caer sobre todos los que viven de la minería del oro y aplastarlos con el cuento de que van detrás de un delincuente. Además, esa es la economía de la región, no se equivoquen en eso, la consigna del párroco es cierta: “Sin minería no hay economía”. Lo que hay que buscar es una solución y la carta que le envía a usted el presidente de la Confederación Colombiana de Mineros lo recalca. Dicen ellos: señor ministro, ya estuvimos reunidos con usted hace unas semanas y usted nos dijo que elaboráramos un decreto reglamentario para la formalización. Ellos quieren formalizarse y también mejorar el manejo ambiental y laboral. Tienen una actitud de sensatez frente a la informalidad, pero resulta que el gobierno no le da trámite a la solicitud y los está tratando como criminales. Y repito, es insensato.

¿Por qué se volvió un problema 500 años después? Otra pregunta clave. ¿Por qué lo que nunca fue un lío se volvió un lío 500 años después? La explicación es sencilla. Porque es un negociazo. Los precios del oro están altos y las trasnacionales están detrás. Vienen por todo, por la lana, por el telar y por la que teje. Ese es todo el problema que tenemos aquí. La discusión de fondo, colombianos, es entonces si en Colombia debe haber gran minería de trasnacionales y además pequeña y mediana minería y minería artesanal, o solo va a haber minería de trasnacionales. Ese es el debate. Y les hago un llamado de sensatez al gobierno nacional y a las empresas extranjeras. Lo sensato es que aquí quepa todo el mundo, eso es lo democrático. Se equivocan en materia gravísima si insisten en darle a un problema social un trato de policía y ejército a punta de represión. Queda tiempo suficiente para tramitar una solución de manera democrática y espero, señor ministro, que así lo haga. 

Porque además molesta que a las trasnacionales sí las traten con guantes de seda. Cuando ellas no cumplen con sus deberes ambientales, fiscales, laborales, entonces ahí sí aparece toda la caballerosidad, diplomacia y queridura del gobierno nacional para atenderles sus casos. Qué tal, senador Valera, si le miraran a Drummond la destrucción ambiental del Cesar a ver si está cumpliendo con las normas ambientales de Colombia. ¿Será que se puede destruir la Ciénaga de la Zapatosa y eso no viola ninguna norma? Será que se puede mover cerca de 30 kilómetros el río Ranchería, como lo van a hacer, ¿y no pasa nada? Pero cuando se trata de los criollos, cuánta intemperancia del gobierno nacional.

La Comisión ha hecho otro par de debates sobre minería, uno de ellos referido al tema ambiental, y hay muchísima tela que cortar, el otro referido a temas laborales en el que también pusimos al descubierto unas relaciones laborales indeseables. Hay un problema de salud ocupacional grandísimo, aquí hoy están presentes unos trabajadores de Cerromatoso, que padecen graves enfermedades no atendidas debidamente.

Cómo se reparte la riqueza minera

El tema de hoy y que es el tercer tema, es que cuando uno afirma que la gran minería está destruyendo el medio ambiente y emporando aún más las relaciones laborales, a uno le dicen que con ella Colombia está enchapándose en riquezas. Y entonces lo que voy a mirar ahora es cómo es que se reparte esta riqueza, a ver si es verdad que nos está yendo tan de maravillas como para justificar incluso lo injustificable. Advierto desde ya que en estos debates siempre hay un lío con las cifras, porque si algo funciona mal en Colombia son las cifras. Alguien decía que había que someterlas a tortura para que cantaran y se pudiera desentrañar cuál es la verdad. Salen cifras de todos lados y la tarea se hace muy difícil. Y las oficinas de los senadores, la verdad sea dicha, no somos potencias en cuanto a logística para superar este obstáculo. Entonces voy a adelantar el debate en medio de estas limitaciones y me voy a apoyar bastante en un informe que hizo el director de la DIAN en octubre pasado, que circula por internet y al cuál se han referido los doctores José Fernando Isaza, Salomón Kalmanóvitz y Helena Villamizar, que da claves de cosas importantes que están pasando en el campo de los tributos.

Parte del enredo tiene que ver con que a veces se habla de minería y se incluye hidrocarburos y otras veces no. Uno pensaría que lo sensato sería que el tema se manejara la mayor parte del tiempo como una sola cosa para facilitar los análisis. Pero ese es uno de los enredos que lo llenan a uno de dudas en cada afirmación.

¿El debate en qué consiste, colombianos? En averiguar cuánto le toca al Estado. Si uno dice que las regalías son muy bajas, y aquí lo voy a probar, le responden que hay que sumar impuestos y regalías. Y aquí empieza el enredo, porque unas veces, con un matiz de diferencia, se lo llama State Take y otras Government Take. Con las dificultades de tiempo, voy a intentar entonces hacer una exposición que se entienda, porque en el impuesto de renta hay tasas nominales y tasas reales, lo que crea otro enredo inmenso. Y si hay una cosa abstrusa en Colombia es el sistema impositivo, diseñado para que nadie lo entienda, porque de la confusión salen las ganancias, de la confusión salen los impuestos que no se pagan, probablemente más rentables que la propia actividad económica de estas grandes empresas.

Acaba de aparecer un documento muy importante que pone el dedo donde es, detalle más, detalle menos. La Unidad de Planeación Minero-energética, UPME, un organismo muy importante, contrató con la Universidad de los Andes un estudio para calcular el Government Take de minería, solo de minería, no de petróleo. Y lo que concluye es que, sin impuestos parafiscales, el total que le toca a Colombia del PIB minero es de 20%. Y si se suman los parafiscales, el 22%. Creo que no se deben sumar. Es un truco de estas trasnacionales para presentarse como sacrificadas, pobrecitas. Todo el mundo sabe, para poner un ejemplo, que el dinero que dan las Cajas de Compensación es un salario convertido en subsidio. No tienen entonces los parafiscales qué presentarse como ingreso del Estado y mucho menos los gastos en salud y este otro tipo de cosas. En resumen, hablemos de 20 para facilitar las cosas. Y cuando el impuesto de renta nominal es del 33% y las regalías, por bajas que sean, podrían estar en un promedio de 10%, aunque hay algunas de 3%, puede uno pensar que nominalmente el Goverment Take debería dar por encima del 43 por ciento, como promedio. Y tenemos apenas el 20%. Esta es la discusión. Nominalmente hay una cifra que veo bien discutible, porque sigo pensando que ese Government Take del 40% es bajo, porque las regalías son muy bajas. Pero suponiendo que fuera lo correcto, que no lo es, ¿solo 20%? Mi tesis es que les regalamos el mineral. No pagan el impuesto de renta del 33 y mucho menos el mineral.

Y al final de mi intervención voy a explicar cómo ese es el enfoque con que se mueven estas grandes empresas, no solo las mineras. La idea de que para ellas el único deber con la sociedad es dar unos empleos y por ello les debemos quedar agradecidos por los siglos de los siglos, cuando resulta que las teorías económicas democráticas dicen lo contrario. Los empleos tienen su importancia, nadie lo niega, pero el empleo es además el ingreso del capitalista. Sin empleo no hay ganancias. La plata puesta en un arrume no produce nada, tiene que pasar por las manos de alguien para que se vuelva riqueza. Luego se vuelve muy importante averiguar si pagan o no los impuestos y las regalías que deben pagar, entendida la regalía como el valor que tiene el mineral y que le pertenece a la nación por ser la dueña del subsuelo. Este es el debate.

A las trasnacionales se les cree por fe

El debate además suma otro aspecto importante y es el de la auditoría. Aquí, además de un problema de normas, a mi juicio incorrectas, tenemos dos problemas más, uno, la manipulación de las cifras frente a la DIAN y todo lo que se puede desprender de ahí, no solo de los descuentos tributarios por la vía de la legalidad, sino de lo que se podría llamar elusión, que podría ser un fraude, literalmente hablando. Y otro, lo que concluye la Contraloría General de la República y es que a las trasnacionales, ministro, en sus cuentas de regalías se les cree por fe, como en los asuntos religiosos. Que en religión se crea por fe se entiende y es respetable. Pero que en negocios alguien crea por fe, se hace bien discutible.

Veamos algunos casos que ilustran el asunto. Primero, el del petróleo. Es evidente que la regalía ha venido disminuyendo, porque esa es la política, disminuirla. El Ministerio me certifica que en Asociación eran del 16%, y les voy a creer la cifra, pero en los contratos de Agencia Nacional de Hidrocarburos ya está en el orden de 8%, la mitad, reducción enorme y discutible. En la ley de reglamentación de las regalías alcanza a aparecer el pedido de disminuir en 40% las regalías de los crudos no convencionales, es decir, prosigue la política igualmente discutible de reducir las regalías de los hidrocarburos, tema que daría para un debate entero. En el gas, el gobierno habla del 18%, es lo que me certifica, y, la verdad, no tuve tiempo de confrontar en detalle de dónde lo saca, pero la regalía más barata del gas, me certifica también el gobierno, es de 4,8% en un cierto tipo de yacimientos. De entrada cuestiono que pueda ser aceptable para un país como Colombia regalías inferiores al 5% en el negocio del gas. Ahí queda abierto otro debate. En el caso del carbón, regalías entre el 10%, las más altas, y 5%, las menores. Se exceptúa el caso de unos campos en los que la propiedad se la birlaron a la nación, topes bastante más bajos. El caso del oro y la plata es escandaloso en lo que compete con la minería trasnacional, sobre la que tengo puesto los ojos, y a la que distingo muy bien del minero artesanal, al que si no le cobran regalías, hasta se puede entender, como también que hubiera un escalonamiento en las regalías desde los magnates hasta los pobres, cosas del sentido común. Pero el debate está montado es para mirar la gran minería, la de los super ricos, no de Colombia, sino del mundo, pues por encima de ellos, a duras penas el sombrero. Entonces ahí, por supuesto, que hay que fijarse con detenimiento. La regalía real de la gran minería del oro es del 3,2 por ciento, escandaloso. Es lo que al Estado se le reconoce por el mineral. Mejor negocio vender los explosivos, el cianuro, hacer el hueco, transportar el oro, procesarlo; cualquier cosa en la cadena es mejor negocio que ser el propietario del recurso. Las mineras del níquel hoy están pagando 8%, también a mi juicio bajísimo. En hierro y cobre, el 5%; en calizas, el 1%; en minerales metálicos, el 5%; minerales no metálicos, el 3%; materiales de construcción, el 1%. Aquí hay todo un debate para hacer, porque no creo que esas regalías tan bajas se le trasladen a la gente, sino que más bien se vuelven rentas. Quien detenta la concesión se cobra como renta lo que la sociedad le está regalando de manera arbitraria. Porque si esa regalía tan baja se le transfiriera a la sociedad, uno hasta podría entenderlo, pero no es lo que termina sucediendo.

Y ojo con este dato que completa el escándalo. ¿Saben cuánto pagan de regalías los indígenas de Manaure, en La Guajira, que más pobres que ellos difícil encontrar en el mundo, hombres y mujeres que trabajan al sol y al agua y a temperaturas escalofriantes? 12%, la regalía más alta que hay en Colombia. Pero, claro, quién defiende a los indígenas de La Guajira, quién alega en el alto gobierno por ellos, cuál informe del Banco Mundial dice, pobrecitos. Entonces que se los claven con el 12%, mientras a los magnates del mundo ya vemos la insignificancia que les están cobrando.

Los grandes contribuyentes

Aquí abro una ventana a un punto clave, relacionado con el régimen tributario, y de una vez anuncio un debate para el año entrante sobre quién paga los impuestos en Colombia. Se lo pregunté hace unos días al ministro de Hacienda en un evento de periodistas económicos. Me respondió, eso se sabe, los grandes contribuyentes. Pues le dije que no, que yo no lo creía. Y quedó planteado el debate. Pues ya tengo las cifras. Los llamados “Grandes contribuyentes” en Colombia, donde están las mineras trasnacionales, no lo son porque paguen muchos impuestos de ellos mismos, sino porque recaudan los muchos impuestos que pagamos los colombianos, el IVA, la retención en la fuente, en fin, actuando como una especie de DIAN privada. Y como transfieren las enormes sumas que pagan los demás, se presentan como “grandes contribuyentes”. ¿Saben cuánto aportan de verdad los grandes contribuyentes al total de los impuestos en Colombia, sin contar el impuesto al patrimonio? Solo el 11%, y contando el impuesto al patrimonio, el 14%. Y les agrego este dato, pagan 7.6 billones de pesos y Ecopetrol paga tres billones de esos, faltando por aclarar cuanto pagan las empresas del Estado, también grandes contribuyentes. Podemos terminar descubriendo que todas las grandes empresas mineras, tanto extranjeras como nacionales, prácticamente no están pagando impuestos. Otro debate que se debe hacer. Porque el colmo sería que se planteara el año entrante una reforma tributaria, señor director de la DIAN, y no empezara el gobierno por contarles a los colombianos quién paga los impuestos. Aquí no se puede seguir con la falacia de que los impuestos los pagan los monopolios y las trasnacionales, las cinco mil más grandes empresas de Colombia, cuando en realidad solo están aportando el 11 o el 14 %. Y no se ha hecho el descuento de cuánto de ese porcentaje corresponde a EPM, ETB, Ecopetrol, Isagen e ISA. El debate es de importancia histórica, porque no puede salir adelante un país en el que no se tributa como se debería, un país dedicado a gravar a los pobres de solemnidad y a las clases medias y que no toca a los poderosos. 

El Ministerio de Hacienda me certifica que después de los descuentos tributarios, el impuesto de renta de las mineras y petroleras, efectivo, para el 2007, fue de 20%, cuando debió ser del 33%; 2008, 20%; 2009, 13%, y 2010, 16%. El porcentaje se mueve un poco porque los descuentos tributarios también se mueven. En el estudio citado por el doctor Ortega, la DIAN dice que la tarifa efectiva del sector minero es del 13%; en servicios financieros, el 6,3%; en agro, 6,7%; y en asalariados, 9,5%, promedio, donde aparece otra discusión. De entrada es un abuso llamar renta por igual los ingresos salariales y las ganancias, buscando manipular y generar efectos contables. Porque no es lo mismo la retención que le hacen al sueldito de una persona, obligándola a dejar de comer o de curarse o de vestirse, que cobrarle el impuesto a una trasnacional, con lo que simplemente acumula menos riqueza. Esto nos empieza a explicar lo que señala el estudio de la UPME de por qué el Goverment Take resulta ser tan especialmente bajo. 

Me da cierta pereza dar cifras absolutas, porque las encuentro distintas en varias fuentes. Estamos hablando de impactos fiscales muy altos, de cuánto cuestan en total estos descuentos. El costo fiscal de las distintas deducciones en el periodo 2002-2010 es de 37,1 billones de pesos, una cifra muy grande. Los estudiantes que andan ahora buscando la plata para la educación pública, gratuita y de alta calidad tienen aquí una buena fuente para escarbar, de donde podría salir la financiación. El costo fiscal tiene un promedio de más de 3 billones de pesos y no están todas las deducciones. Faltarían por ejemplo los impuestos municipales, lo relacionado con predial y ese tipo de rentas. Vamos entonces a mirar cómo hay manipulación de cifras y qué consecuencias acarrea.

En los descuentos, la minería aporta una cifra bien importante. Voy a mencionar algunos casos. La Contraloría General de la República mira el caso del contrato 078-88 de Drummond, en Cesar, y dice que los impuestos no pagados equivalen al 76% de lo recaudado por regalías. Las cifras son 1,2 billones, de regalías, contra 283 mil millones, de lo que la nación ha recibido después de devoluciones y compensaciones. El anterior ministro de Minas nos decía hace unos meses que los descuentos tributarios no pagados por ACPM por las mineras de las zonas de frontera valían unos 300 mil millones de pesos al año. Sería interesante, doctor Ortega, que la DIAN profundizara, y a la Contraloría General de la República le hago el mismo pedido. Vamos a sacar todas las cuentas, incluidos los impuestos municipales que no se pagan, porque estamos hablando de sumas demasiado grandes. Además, que el Estado nos garantice a todos cifras iguales y que cada uno saque las conclusiones que quiera. No estoy pidiendo que piensen como yo. En la universidad, recuerdo mucho, se podía defender cualquier teoría, pero los hechos debían establecerse con rigor científico. Es una condición indispensable para que podamos hacer debates ilustrados y no lo que hoy sucede. Que nos digan que aquí quienes pagan los impuestos son los grandes contribuyentes y cuando uno va a mirar, resulta que eso no se corresponde con la realidad.

Prácticas oscuras y muy graves

Veamos lo que denuncia el director de la DIAN, hechos que me parecen especialmente graves. La DIAN descubre que cotejando los patrimonios brutos y líquidos declarados en minería, aparecen diferencias enormes, dependiendo de si la declaración es para el impuesto al patrimonio o para la declaración de renta corriente. La presentación de la DIAN la resalta. Para el patrimonio bruto, en el 2007 la diferencia es del 25%, en el 2008 del 32%, en el 2009 del 40% y en el 2010 del 68%. Y en el caso del patrimonio líquido, la diferencia es del 44% en el 2007; del 76% en el 2008; del 82% en el 2009 y del 106% en el 2010, o sea, el doble, cuando deberían ser las mismas cifras. Esto sucede para lo declarado en minería. La DIAN se tomó el trabajo de mirarlos también para petróleo y gas, para carbón, para servicios de petróleo y gas y el fenómeno es básicamente el mismo.

Voy a leer textualmente varias aseveraciones que hace el doctor Ortega en ese estudio, a mi juicio enjundioso y cuidadoso. Tengo que reconocer que fue hecho con seriedad y nosotros lo estudiamos en la oficina también muy cuidadosamente. Aparece una cosa bastante llamativa antes de lo que él llama “mis preocupaciones”: “El costo de nómina reportado (2009-2010) pasó de $58 billones a $92 billones o un 60% de incremento, mientras parafiscales crecen un 1%. No concuerda con desempleo o aumento de los sueldos” (DIAN, Ortega, 2007). Cójanme ese trompo en la uña, como se decía, y recordemos que los impuestos se pagan en muy buena medida dependiendo de los costos. Si logro inflar los costos, reduzco lo que tengo que pagar. Él concluye, después de revisar todo el documento, que algunas empresas del sector petrolero inflan el valor contable de los activos fijos. Y explica que • “Incluyen gastos como activos fijos. • “Reciclan activos fijos viejos ya depreciados para aprovechar la deducción especial. • “Incrementan las provisiones aceleradamente sin responder a una racionalidad económica, para incrementar costos. Estos recursos se conservan en efectivo en el exterior. • “Disfrazan de legal importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador. • “Incluyen estos como activos fijos que usan para la deducción especial. • “Sobornan a los empleados de aduanas, con lo que proliferan la corrupción y las malas prácticas. • “Inflan los costos de los servicios contratados (transporte, servicios técnicos y asistenciales, etc.) para disminuir la base gravable. • “Contratan servicios con firmas cuyos representantes legales son los mismos abogados asesores de las compañías. Después dice: Algunas empresas del sector minero-energético • “Efectúan transacciones con entidades en paraísos fiscales. • “El ciento por ciento de las ventas lo hacen a compañías vinculadas. • “No hay información disponible (estados financieros, composición del negocio, etc.) de los compradores. • “Presunción de profit-shifting, para disminuir la base gravable y ser responsables de un menor impuesto a cargo”.

Son palabras mayores, porque una cosa son deducciones con fundamento legal, porque el gobierno o la ley hayan aprobado una rebaja, discutible o no, y otra cosa reconocer ciertas prácticas que podrían estar violando la ley o moviéndose en el terreno de la ilegalidad, no por casualidad sino en forma calculada.

Recién llegado aquí expliqué en un debate cómo, basado en un documento de la Cepal del año 2004, si las trasnacionales pagaran en el tercer mundo las mismas tasas de impuestos de sus países sedes, los recaudos de países como Colombia aumentarían, sumados todos, en US$35.000 millones al año. Y agrega el informe de la Cepal que esto “se ve facilitado por el gran volumen de transacciones transfronterizas que tienen lugar en los sectores de la minería y el petróleo”. Lo explico haciendo unas preguntas: ¿tiene Colombia cómo vigilar que una volqueta inmensa vale lo que las mineras dice que vale? ¿Tiene cómo certificar las cifras cuando ellas informan sobre el gasto de compras de explosivos en el exterior? Cuando dicen que se importaron tantos millones de toneladas, ¿Colombia está segura de que la cifra es cierta? Cuando reportan la calidad del carbón exportado, ¿están diciendo la verdad o están mintiendo? Cuando dicen que el carbón lo vendieron a un precio ¿no le están poniendo conejo a la nación? Todo esto afecta las regalías, pero también el impuesto de renta y lo que deben pagar, o sea, el Goverment Take o el State Take o el nombre que le quieran dar.

Tres casos más de prácticas inaceptables, así algunas puedan ser legales. Cuando Drummond puso en venta su empresa hace unos meses, el doctor Mauricio Cabrera llamó la atención sobre un hecho anómalo. Drummond había invertido en ella 2 mil millones de dólares, la iba a vender en 6 mil millones y por esta transacción no pagaba un peso de impuestos en Colombia. Al final lo que sucedió es que vendió solo el 20%, pero por una suma que en la práctica refleja que la está enajenando por 7.615 millones de dólares. Y si esta operación se diera completa, no pagaría ni un centavo. Denuncia también el doctor Cabrera que Ventana Gold Corporation, una trasnacional del oro, invierte 136 millones de dólares en una mina, la vende en 1.500 millones de dólares y por la operación no paga un solo peso de impuestos en Colombia. Pregunto si alguien en Colombia puede vender así sea un pirichirilo viejo y no tener que hacer algún tipo de pago al Estado.

La siguiente información podría ser cabeza de proceso para una investigación. Son datos del Sistema de Información Minero Colombiano, Simco, y de la UPME –se consiguen en internet– que revisan las exportaciones de oro de los últimos tres años, entre 2009, 2010 y lo que va del 2011, contra la producción que ha pagado regalías. Se supone que no se puede exportar oro que no pague regalías. Hay una pequeña exportación de oro en este lapso que hizo el Banco de la República, entidad no obligada a pagarlas. Una vez descontada, aparecen ahí 23 toneladas que habrá que investigar qué pasó con ellas, porque no aparecen pagando regalías. ¿No se exportaron? ¿Si se exportaron pero no pagaron regalías? En todo caso, su valor es de 1,9 billones de pesos, una movida que tiene todos los visos de ser criminal o ilegal. No sé exactamente cómo sea y les tocará a las autoridades aclarar qué es lo que pasa.

Otro hecho supremamente grave. En minería hay un gravamen llamado canon superficiario. Lo tienen que pagar las empresas mineras cuando les adjudican un título y están todavía en etapa de exploración, es decir, antes de empezar la explotación. Es un gravamen por hectárea con valores que van entre 1 y 3 salarios mínimos diarios por hectárea. La suma tiene una importancia técnica clave, porque es la manera de presionar a las empresas para que no se duerman con las áreas ni se pongan a especular con ellas. O las ponen en producción o las devuelven. Los análisis que ha hecho el doctor Guillermo Rudas, un profesor muy distinguido y que sabe mucho de estas cosas, son tal vez algo imprecisos, pero es que la fuente oficial misma es imprecisa, porque hay distintos momentos y distintos valores en ese canon superficiario. Pero él señala que el pago debe ser entre $161.000 y $450.000 millones de pesos anuales y lo que están efectivamente pagando, agrega, es entre 5 y 14 veces menos de lo que recibe Ingeominas. Le preguntamos al Ministerio de Minas y las respuestas nos la da el director de Minería: “Es importante señalar que en el momento no se cuenta con un software para el control efectivo sobre los pagos referentes al Canon Superficiario, que articule principalmente a las áreas involucradas en el proceso de evaluación, liquidación y registro de esta obligación”. Aquí hay otra tronera de tamaño descomunal de plata que pierde el Estado, grave además porque estimula las maniobras de las trasnacionales para no poner en producción los campos.

Un Estado sin auditoría

Cuál es lío de la auditoría. Tal vez sea este, a mi juicio, el problema más complicado y que en buena medida explica todo el desbarajuste anterior. Es si la DIAN, Ingeominas y el Minminas han manejado con rigor un sistema de auditoría, para asegurarse que las mineras no les estén haciendo fraude en las cifras e interpretaciones. Porque mientras que del lado de las mineras y de todas las empresas grandes en Colombia hay legiones de abogados y contabilistas, dedicados todo el tiempo a ver cómo se evaden un centavo o cómo hacen una interpretación que los favorezca, del lado del Estado lo que tenemos es un aparato enclenque que se mueve con todas las dificultados y al que tumbarlo, como se dice coloquialmente, es tan fácil como quitarle un sonajero a un bebé. En el caso de la auditoría para la producción de hidrocarburos hay apenas dieciséis técnicos en el Ministerio, para vigilar 341 campos, cada uno con un montón de pozos y para medir en boca de pozo cuánto petróleo sale cada día. Parece un chiste. Un pobre inspector aterriza en un campo que puede tener 50 mil hectáreas y unos 300 pozos y tiene la responsabilidad de certificar cuánto salió de cada uno. Entre pozo y pozo puede haber diez kilómetros en medio de montañas, ríos y animales salvajes.

En el caso del impuesto de renta, la situación no es menos dramática. Hay 105 funcionarios para minería e hidrocarburos y lo demás y deben auditar 1.387.012 declaraciones de renta. Sé que son funcionarios buenos, trabajadores e inteligentes, pero por supuesto que la tarea los desborda por completo, porque estamos hablando de operaciones muy grandes.

Miremos lo que dice la Contraloría General de la República en el caso de un análisis de gran minería y en el caso de un análisis petrolero. Dice: “La información proveniente de los titulares mineros en el tema de Regalías es en un alto porcentaje de buena fe, por cuanto la Entidad no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico y legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los Titulares mineros, lo cual representa una seria debilidad y un riesgo permanente para los intereses del Estado y las regiones beneficiarias de las regalías mineras de este reducido número de títulos mineros. Así mismo, en algunos casos la metodología seguida para la liquidación no se ciñe conforme la ley o de los contratos sumado a la permisividad de Ingeominas como Autoridad Minera”. Se les cree por fe, ya lo mencioné pero lo reitero. No hay ninguna empresa privada del mundo que no se gaste una suma importante de sus recursos en auditoría. Y la explicación es simple y es que si no se audita, la gerencia se roba la empresa, no voy a decir que cada gerente lo haga, pero esa es la lógica. ¿Un propietario de una empresa grande en el mundo aceptaría no tener auditoría sobre su propia gerencia? ¿Por qué no la tiene el Estado colombiano? Cuánta corrupción o cuánta negligencia, hay que decirlo con claridad. Y no se ha corregido, pese a que el informe de la Contraloría data del año 2008.

Paso a leer unas revisiones que hizo la Contraloría sobre unos campos petroleros en Casanare, Tolima, Huila y Meta y unos embarques en Coveñas, Sucre. Los funcionarios miraron con detenimiento el campo Rubiales Pirirí, con 160 pozos activos. El informe “concluyó que el Ministerio de Minas y Energía no realiza un balance volumétrico entre el crudo que se extrae de cada pozo, parte inicial del proceso, y el crudo que se vende ya sea para exportación o refinación, al igual que no existe evidencia de que el Ministerio verifique reportes de crudo despachado y el recibido en la cadena de producción y transporte, a efectos de detectar diferencias que puedan existir entre lo reportado al Ministerio y el reportado al receptor”. Y agrega: “El reporte diario del Operador, es la única información completa del campo que se utiliza para aprobar la producción de hidrocarburos en los campos Rubiales Piriri (160 pozos activos) y Quifa (14 pozos), ya que los registros del Ministerio son parciales por punto de medición (pozo productor) y por campo. El Ministerio de Minas y Energía debe contar con datos propios que le permitan confrontar la producción en los campos de hidrocarburos en el País, de tal manera que se tenga un Sistema de Fiscalización confiable por parte de la Nación para que se asegure que los datos de producción son confiables; configurándose en hallazgo administrativo”.

Lo más lamentable de esto es que yo hablé por primera vez de este tema aquí en el Senado, si no estoy mal, hace 5 ó 6 años y no olvido que lo hice ante todas las trasnacionales de la minería. Y no se ha hecho nada. El país puede estar siendo literalmente saqueado.

El neoliberalismo viene bajando los impuestos no solo en Colombia, en todo el mundo, y estas grandes empresas nos andan echando el discurso de que lo único que importa es el empleo que crean y que si les cobramos regalías o impuestos o si las vigilamos, se corre entonces el peligro de no crear empleo, una especie de extorsión, y seguramente el ministro nos va a decir ahora que si sube el Goverment Take, entonces no vienen los inversionistas, y esto se empieza a volver como una especie de círculo viciosos. Y hago una pregunta para que también se la haga también el país: el único deber del capital, particularmente el monopolístico, ¿es generar unos empleos? ¿No tiene ningún otro deber con la sociedad? Porque nos presentan unos empleos como la gran cosa, pero pregunto: ¿y es que la sociedad no le está dando a ese capital la infraestructura vial, el ejército y la policía, el sistema de justicia? Una de las trabas grandes del sistema de justicia es que el sistema financiero lo tiene copado con procesos inmobiliarios. Les hago además esta reflexión: los empleos son un costo de las empresas, pero también son su ganancia. Sin empleos no habría ganancia. ¿Alguien de ustedes ha hecho el ensayo de poner un poco de plata sobre una mesa y volver al otro día a ver si creció? Les garantizo que no crece. Tiene que pasar por las manos de algún trabajador en alguna actividad económica, incluida la de los gerentes y los trabajadores rasos. Entonces no nos pueden presentar el empleo como una especie de desastre, porque esa es la fuente de su riqueza.

Y la segunda reflexión es que si los impuestos solo se les cargan a los pobres y a las clases medias, como está sucediendo, no será posible recaudar las sumas que la sociedad necesita para desarrollarse. La sociedad necesita tener educación pública y gratuita y de alta calidad, la sociedad necesita tener salud, la sociedad necesita vías. Colombia este al borde de quedarse incomunicada con el puerto principal porque no hay cuatro pesos para quitar un derrumbe, una realidad que tiene que ver estrechamente con la estructura tributaria.

Hago otra reflexión más de fondo. Si se esquilma a los pobres y a las clases medias y se les saca toda la plata del bolsillo, ¿quién les compra a las empresas lo que producen? Sin mercado interno no hay desarrollo económico. Y para que haya un vigoroso mercado interno hay que dejarle al pueblo capacidad de compra para consumir y gastar.

Colombia, exportador de capital 

Toda esta teoría de que a las trasnacionales mineras no se les pueden cobrar impuestos ni regalías porque la inversión extranjera es la que nos salva no es cierta. Lo que nos vienen diciendo las cifras del Estado es que Colombia no está siendo capaz de producir las divisas suficientes para que su aparato productivo funcione. El desbarajuste de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que mide la relación ingresos y egresos de divisas, es miedoso. En el 2010 llegó a menos 8.500 millones de dólares. El país se está literalmente desbaratando, lo que prueba que el modelo económico es bien discutible. Si la crisis que viene rodando por el mundo le pega a Colombia en estas circunstancias, muy parecidas a las del año 1999, ministro, podemos estar al borde de hechos de extrema gravedad.

Pero lo que es más grave es que, por razones de giros y utilidades, está saliendo más plata que la que entra. Los inversionistas están sacando más plata de la que traen. Les doy este dato: en el 2010, por cada 68 dólares que ingresaron de inversión extranjera directa, que es la que tiene que ver con minería e industria, salieron 100 dólares por dividendos y utilidades. La teoría sobre la que nos tienen montados estos cuentos no funciona.

Fue en buena medida por estos debates por lo que se incluyó en la reforma constitucional de regalías una plata para financiar la auditoría. Es la expresión de un reclamo que llevamos años haciendo. Pero a última hora vi que le colgaron también a ese mismo rubro los estudios geológicos. Me temo que lo que quedó aprobado es insuficiente para las necesidades de una auditoría seria como la que se necesita. Aquí no se puede seguir mamando gallo con la auditoría, particularmente con la del sector minero. En Colombia hay grandes poderes que se mueven para que no se audite. Lo que podría ser un avance quedó completamente cojo.

Cuáles son mis conclusiones. La primera, apenas obvia, es muy malo lo que hay. Se deben subir las tarifas de regalías. Se deben escalar todas las regalías, y no solo en petróleo, en función del volumen y de los precios. Es inaudito que cuando se disparan los precios del petróleo o del carbón, estas empresas hagan ganancias fabulosas de las cuales a la nación prácticamente no le llega una suma en la proporción en la que debería llegarle. Es decir, cambian los fundamentales del negocio y eso no es tratado en la normativa como debiera ser.

Debe haber una fuerte auditoría estatal. Ya dije que quedó mal, y, para colmo, el Ministerio de Minas me dice que van a contratar la auditoría con privados. Quiero expresar mi absoluto rechazo a esa idea. Si el Estado colombiano no es ni siquiera capaz de auditar, para qué Estado. Vamos a terminar privatizando la policía y el ejército y los jueces y todo. Por qué tiene que haber ganancia para una trasnacional y para el capital extranjero en cada actividad que desempeña el Estado colombiano. ¿No son esas firmas extranjeras, en últimas, de propiedad de los mismos dueños de las trasnacionales de la minería? O cuál es el escándalo de Enron y de Enderson. ¿No fue eso precisamente lo que demostró? Hora de recordar el verso de Rafael Pombo: “Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso no pongáis gatos”. Aquí lo que hay que coger son unos recursos importantes y que el Estado colombiano monte un sistema de auditoría en serio. Creo que debe ser, y sugiero que se discuta hoy aquí, el mismo sistema el que audite las regalías y el que haga el auditaje en los temas de impuestos. Elemental. ¿No se les hace muy extraño que caminen las dos por separado? Que una empresa pueda meterle unas cifras a Ingeominas o a la Agencia Nacional Minera y otras distintas a la DIAN ¿no resulta un absurdo? Lo obvio es que una sola entidad haga las dos cosas, y creo que debe estar la actividad en cabeza de la DIAN, que es la que sabe hacerla, la que tiene todo el software y toda la capacidad. Pero solo si a la DIAN se le transfieren unos recursos importantes y con una destinación clara. Sin privatizarla. Un Estado no puede renunciar a la función del recaudo y el auditaje. Y que esa entidad tenga la posibilidad de cruzar la información, porque debe ser la misma, y es que los costos de producción tienen que ver con el impuesto de renta y con las regalías. Es el colmo de la ineficiencia separarlos y que haya que llevarle dos contabilidades a la misma regalía o dos contabilidades al mismo impuesto de renta. Y debe ser una función pública.

En Colombia hay infinidad de colombianos honrados a toda prueba, incorruptibles, que nos pueden garantizar que la tarea quede bien hecha, si por supuesto se les dota del poder suficiente. No me van a meter el cuento de que los únicos honrados que hay en Colombia son los extranjeros. No lo acepto, porque es una falacia y además una indignidad siquiera aceptarlo. Parece que fuera aquí el gobierno a terminar haciendo una locura y es que para lo único que hay que ser nacional es para ser ministro o presidente de la República. Para todo lo demás se puede ser extranjero. Bueno, entonces por qué no proponen también que el presidente de la República pueda ser extranjero. Es un sarcasmo el que estoy diciendo, pero tiene su fondo.

Y por último, decir que esta movilización estudiantil que salió tan bien y que nos tiene tan favorablemente impresionados a todos los demócratas es un ejemplo de cómo, cuando la gente reclama de manera civilizada, se logran cosas importantes. Creo que en este asunto de la minería hay que seguir en lo mismo. Derrotamos Santurbán, eso es importante. Se tumbó el megahotel del Tayrona, también muy importante Y en este tema de la minería, además del debate de medio ambiente, además del debate laboral que se viene haciendo, hay que introducir el de los impuestos y las regalías, porque hay demasiada plata en juego. Por eso pienso que la movilización debe incluir este tema.

Réplica a la intervención del ministro Mauricio Cárdenas

Quiero hacer un par de comentarios muy breves a lo que dijo el doctor Cárdenas. Me parece muy bien que nos pongamos de acuerdo en no asociar una máquina con un crimen (las retroescabadoras), porque es absurdo que se defina que uno es criminal porque tiene un determinado tipo de instrumento. Qué tal que a los banqueros se les pusiera así la cosa de que las registradora por donde pasan los dólares del narcotráfico convierte en delincuente al banquero. ¿Estarían ustedes de acuerdo?

Primero, ministro, este podría ser tema de otro debate: hoy Jeffry Sacks en Portafolio dice: Colombia “debe vender cosas más allá de café, carbón o petróleo”. Este es uno de los problemas más graves del desarrollo nacional y es que estamos montándolo sobre la minería. Es un error catastrófico. Nunca Colombia resolverá sus problemas si se queda produciendo bienes primarios.

Segundo, creo que el análisis de la UPME que cité lo valido y me parece respetable, no tengo ninguna duda y tendría que mirar en detalle por qué usted lo cuestiona. Pero no me parece sorprendente que el Goverment Take sea así de bajo cuando se prueban por mil lados las inmensas exenciones tributarias existentes. Entonces no resulta sorprendente que el Goverment Take no resulte ser como es en el papel, la suma de impuestos más regalías.

Tercer término, no me suena para nada la idea de atar las regalías a las utilidades de las empresas, la nueva propuesta con que se vienen las grandes empresas. Porque es que la regalía es un costo de producción que tiene que pagarse con independencia de las utilidades. Es un problema de concepción, de la misma manera que los costos laborales hay que pagarlos, haya utilidades o no. Porque si no, correríamos el riesgo de que al final las regalías sean bajas, como lo son hoy, o que incluso desaparecieran o que quedáramos debiéndoles. Pero esa es una discusión que hay que hacer, yo me ratifico en la idea de que se debe unir la auditoría. Es un problema de organizar las cosas para que se haga. En el caso de los procesos penales, por ejemplo, como se denunció oportunamente, es un error que un caso de paramilitarismo en una población lo maneje un juez y otro caso otro juez y entre los dos no se crucen la información cuando finalmente se trata de procesos que tienen el mismo origen. Y aquí pasa lo mismo. Es un problema de resolver cómo se hace y pienso que todos los aspectos fundamentales deben correr por cuenta del Estado. Si se contratara alguna tarea, debe ser en lo absolutamente secundario, pero es el enfoque de que es el Estado colombiano el que hace la auditoría.

El ministro dice que las regalías son bajas pero que no es el momento de subirlas. La pregunta es que si no las subimos ahora, se contrata con esas regalías bajas y después no se pueden subir. Aquí toca darse la pela y subirlas de una, como se dice, en medio de la cruzada del río.

Detallo el tema de la pequeña y mediana minería. Usted da a entender que en la grande no hay problemas y yo sí creo que los hay y gravísimos, de toda índole. Y sobre la artesanal dice que es un problema pero que van a ver cómo la formalizan. Técnicamente son ilegales, pero yo prefiero llamarlas informales. A la pequeña y mediana acepta dejar de llamarla ilegal o terrorista y buscarle un nombre. Estoy de acuerdo con que se le debería buscar un nombre, porque además es un absurdo semántico definir como delincuente a una persona porque tiene una determinada máquina, eso no tiene sentido. Se me hace absurdo asociar retroexcavadora o un motorcito o cualquier cosa con crimen, con delito, con terrorismo.

Atar un delito a una máquina, salvo que sea una máquina de tortura o algo por el estilo, no me parece sensato, porque usted puede tener una retro que esté utilizando de manera debida, ajustada a ciertas normas ambientales. Y si se trata de prohibir las dragas, la primera que hay que prohibir es la grande esa que funciona en el Nechí, entre El Bagre y Zaragoza, y que lleva funcionando décadas. Quiero enfatizar que el problema no es la máquina, sino cómo se usa. Si se hace de una manera indebida, producirá mucho daño. Si es debida, pues no lo será. Un azadón puede ser el instrumento más inofensivo del mundo, pero si le doy a alguien con él en la cabeza, deja de serlo. No tiene sentido utilizar un cierto tipo de instrumento y convertirlo en la prueba de un delito o de una acción indebida.

Entonces lo que toca establecer es cuál minero, sea artesanal o como se lo quiera llamar, “empresarial emergente”, el nombre que usted le ha dado y que me parece despectivo, o cuál trasnacional, está cumpliendo o no las normas. Esa es la discusión, con independencia de las herramientas que usen y de lo que esté haciendo. Porque aquí puede suceder que una trasnacional esté haciendo cosas absolutamente inaceptables, lo mismo que un minero artesanal. Y si además la una o el otro están vinculados con el terrorismo de cualquier tipo, lo que hay que condenar no es la máquina, sino la acción en sí. Y en ese sentido hay que separar dos cosas muy distintas, como lo acaba de plantear aquí el alcalde de Montelíbano. No hay que confundir a quien paga una extorsión con el que participa de un delito. Porque hay un montón de gente en la minería, como en todas las actividades económicas del país, que tiene que pagarles a distintas organizaciones que están por fuera de la ley, pero no porque estén con ellas, sino porque los extorsionan y porque el Estado no les brinda las suficientes garantías. No puede haber justicia democrática con la idea de que joche con todos los marranos. Hay que aplicar normas particulares y analizarlas en cada caso, porque lo otro es la barbarie de tipo fascista.

Pero si usted de verdad, ministro, quiere avanzar en una solución, no puede darle una respuesta de policía a un problema económico y social y que lleva en esas regiones décadas o siglos, regiones que viven de la minería, así produzca mil impactos negativos que yo reconozco. La cuestión aquí es cómo resolverlos. No se pueden resolver si el gobierno sigue actuando con la lógica de que escribe sobre un papel en blanco. Usted tiene unas realidades que están allí, tiene una serie de mineros artesanales, pequeños y medianos, y de trasnacionales. Qué vamos a hacer. Y ojo, en muy buena medida la actividad económica de los mineros artesanales o barequeros es simbiótica con la pequeña y mediana minería. No es posible que se mantenga una actividad artesanal medianamente próspera, que no sea la de la miseria más espantosa, si se hace caso omiso de que en muchos momentos hay una relación simbiótica entre ambos tipos de minería.

Finalmente a lo que llamo es a lo que está planteando la Confederación de Mineros de Colombia y es que el Estado colombiano se siente con ellos y con las trasnacionales, porque la informalidad o lo que ustedes llaman ilegalidad tiene que ver con que los títulos están monopolizados. Usted se empeña en afirmar que los títulos concedidos son espurios y que hay que revocarlos, y está persiguiendo a personas que en parte no se formalizan porque carecen de títulos. Usted bien dijo una cosa que se la quiero tomar. Esto es de detalle. Aquí toca mirar caso por caso, pero con toda la paciencia, porque en la práctica lo que están hoy haciendo, así se diga lo contrario, es aplicándole a ese problema una solución militar y de policía que lo único que podrá hacer es agravar los problemas, porque en medio de una confrontación social, económica y política es más difícil arreglar las cosas.

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El invierno: mas desastres sociales y económicos que naturales. Senador Robledo, 29 de noviembre de 2011 (Video: 2:45) http://bit.ly/vtUiiX

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