Una constatación inicial
 
En Occidente, el nombre de Cuba se asocia inevitablemente a la problemática de los derechos humanos. Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema. Ningún otro país del continente americano se señala tanto con el dedo como la patria de José Martí, que dispone de una cobertura mediática desproporcionada en relación con su tamaño. En efecto, acontecimientos que pasarían desapercibidos en cualquier otra parte de América Latina o del mundo se difunden inmediatamente en la prensa internacional cuando se trata de Cuba.
Así, el suicidio en febrero de 2010 de Orlando Zapata Tamayo, un preso condenado por delitos comunes en Cuba se mediatizó mucho más que el descubrimiento, en enero de 2010, de una fosa común con 2.000 cadáveres de sindicalistas y militantes de los derechos humanos asesinados por el ejército colombiano. Del mismo modo, las manifestaciones de los opositores cubanos aparecen regularmente en la prensa occidental la cual, al mismo tiempo, censura las exacciones –¡Más de 500 casos de asesinatos y desapariciones!– que comete la junta militar, de Roberto Micheletti primero, y después de Porfirio Lobo, que gobierna actualmente en Honduras después del golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya.1
 
Estados Unidos justifica oficialmente la imposición de las sanciones económicas, en vigor desde julio de 1960 y que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana, en particular a las más vulnerables, por las violaciones de los derechos humanos. De 1960 a 1991, Washington explicó que la alianza con la Unión Soviética era la razón de su hostilidad hacia Cuba. Desde el desmoronamiento del bloque del Este las diferentes administraciones, desde Georges H. W. Bush hasta Barack Obama, han utilizado la retórica de los derechos humanos para explicar el estado de sitio anacrónico, el cual lejos de afectar a los dirigentes del país, hace pagar el precio de las divergencias políticas entre las dos naciones a los ancianos, las mujeres y los niños.2
 
Por su parte, la Unión Europea impone una Posición Común –¡La única en el mundo!– desde 1996 al Gobierno cubano, que limita los intercambios bilaterales, por las mismas razones. Esta estigmatización constituye el pilar de la política exterior de Bruselas respecto a La Habana y representa el principal obstáculo para la normalización de las relaciones bilaterales. Entre 2003 y 2008, la Unión Europea también impuso sanciones políticas, diplomáticas y culturales a Cuba por las mismas razones, por lo menos oficialmente.3
 
¿Una estigmatización legítima?
 
No se trata de afirmar que Cuba sea irreprochable en la cuestión de los derechos humanos y que allí no se comete ninguna violación. En efecto, Cuba está lejos de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos derechos fundamentales.
 
No obstante, conviene preguntarse por qué semejante estigmatización por parte de los medios occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Acaso Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos? ¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?
 
Para responder a estas preguntas, el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 brinda un enfoque interesante. Diez países –cinco del continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y cinco de la Unión Europea: Francia, Alemania, Reino Unido, España y la República Checa (líder del frente de las naciones que se oponen a la normalización de las relaciones con Cuba) serán sometidos a un análisis comparativo.4
 
Los derechos humanos en Cuba
 
Según AI, existen «severas restricciones sobre los derechos civiles y políticos» en Cuba. AI habla de «55 presos de opinión [encarcelados sólo por el hecho de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión]».5 En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI reconoce no obstante que estas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del Gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba», lo que constituye un delito de orden penal en Cuba y también en cualquier otro país del mundo.6
 
La organización subraya también que «varios [opositores] declararon haber sido golpeados durante su arresto». Graves restricciones pesan todavía sobre la libertad de expresión, según AI, pues «todos los grandes medios e Internet están bajo el control del Estado». Por otra parte, los sitios de los opositores se encuentran bloqueados en Cuba y sólo se pueden consultar desde el exterior. Varios disidentes fueron arrestados y luego liberados. AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos. Además, «las restricciones del derecho de circular libremente impidieron que periodistas, defensores de los derechos humanos y militantes políticos llevaran a cabo actividades legítimas y pacíficas». Así, la opositora Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para recibir un premio en Estados Unidos.7
 
No obstante, AI recuerda que en mayo de 2009 Cuba «fue elegida al Consejo de Derechos Humanos [ONU] para un nuevo mandato de tres años», ilustrando así que la mayoría de la comunidad internacional no comparte el punto de vista de Bruselas y de Washington respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba.8
 
Finalmente AI reconoce que las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba tienen «todavía efectos negativos sobre los derechos económicos y sociales de los cubanos. La legislación estadounidense que restringe las exportaciones hacia la isla de productos y de material fabricados o patentados por Estados Unidos siguen entorpeciendo el acceso a los medicamentos y a los equipos médicos». AI agrega que las agencias de las Naciones Unidas presentes en Cuba también «están penalizadas por el embargo».9
 
Así, como ilustra el informe de AI, Cuba no es irreprochable en términos de respeto de los derechos humanos.
 
Los derechos humanos en el continente americano
 
Conviene ahora poner en perspectiva la realidad cubana frente a la problemática al respecto del resto del continente.
 
Estados Unidos
 
Según AI, 198 personas siguen detenidas ilegalmente en la base naval de Guantánamo, sin cargos, desde hace siete años. Al menos cinco reclusos se suicidaron en la prisión de Guantánamo. Por otra parte, varios prisioneros fueron juzgados por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un juicio justo.10
 
Además, «varios centenares de personas, entre ellas niños, siguen encarceladas por las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Bagram, en Afganistán, sin que tengan la posibilidad de ver a un abogado o de que las presenten ante un juez».11
 
AI también denunció el «programa de detenciones secretas de la CIA» y reveló los «actos de tortura y otras formas de malos tratos infligidos a personas detenidas». Cita dos ejemplos: «Entre las técnicas autorizadas figuran la desnudez forzada, la privación prolongada de sueño y el waterboarding (simulacro de ahogamiento). […] Abu Zubaydah […] fue sometido a esta última técnica más de 80 veces en agosto de 2002, y Khaled Sheikh Mohammed 183 veces en marzo de 2003». Los autores de estos actos no serán perseguidos por la justicia, tal como declararon Barack Obama y el Ministro de Justicia Eric Holder.12
 
AI señala que «la impunidad y la ausencia de vías de recurso persistían para las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el marco de lo que el gobierno del presidente Bush llamaba la ‘guerra contra el terror’». La organización añade que «el nuevo Gobierno bloqueó la publicación de cierto número de fotos que mostraban los maltratos infligidos a personas detenidas por Estados Unidos en Afganistán y en Iraq».13
 
AI denuncia también los actos de «tortura y otros malos tratos» que cometieron las fuerzas del orden en el territorio de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses. «Al menos 47 personas fallecieron después de ser neutralizadas con pistolas Taser, lo que eleva a más de 390 el número total de personas fallecidas en circunstancias análogas desde 2001». AI agrega que «entre las víctimas figuraban tres adolescentes desarmados que habían cometido delitos menores, así como un hombre aparentemente con buena salud a quien los policías de Fort Worth, en Texas, administraron descargas eléctricas durante 49 segundos sin interrupción en mayo de 2009.14
 
La organización internacional señala con el dedo las condiciones de detención en Estados Unidos. Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento prolongado en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos deben ser tratados con humanidad». Así, «numerosos presos […] de los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación». Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior».15
 
Según AI, «decenas de miles de migrantes, entre ellos demandantes de asilo, estaban regularmente encarcelados, en violación de las normas internacionales. Muchos estaban detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de conseguir asistencia jurídica».16
 
Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias denunció varios casos de ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas del orden cometieron contra migrantes. «El número de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por las autoridades desde 2003», señala AI.17
 
AI recuerda las discriminaciones a las mujeres pertenecientes a las minorías en términos de derecho a la salud. Así, «El número de fallecimientos evitables debidos a complicaciones relacionadas con el embarazo sigue siendo elevado; varios cientos de mujeres murieron durante el año. Existen disparidades relacionadas con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que entre las mujeres blancas». AI agrega que 52 millones de personas de menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto al año anterior».18
 
Según AI, un objetor de conciencia fue condenado a un año de prisión por negarse a servir en Afganistán. La organización denuncia también los juicios injustos contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977». AI también señala que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [ONU] había concluido, en mayo de 2005, que la detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían beneficiado de un juicio justo».19
 
Por otra parte, la pena de muerte sigue aplicándose en Estados Unidos. Así, 52 personas fueron ejecutadas en 2009.20
 
Brasil
 
La situación en Brasil también es objeto de un informe. AI menciona «utilización excesiva de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y actos de torturas por parte de la policía». Las fuerzas del orden «siguieron cometiendo violaciones masivas», y «cientos de homicidios no fueron objeto de investigaciones serias y las acciones legales fueron casi inexistentes». Así, «en Río de Janeiro en 2009, la policía mató a 1.048 personas». En Sao Paulo, «esa cifra alcanzó 543, o sea un aumento del 36% respecto a 2008». Por otra parte, «los homicidios imputables a la policía militar aumentaron en un 41%».21
 
La organización denuncia también «el aumento del número de milicias –grupos paramilitares armados compuestos en gran parte por agentes de la fuerza pública que actúan fuera de servicio-» que «utilizan su poder sobre la población para sacar ventajas económicas y políticas ilícitas […] y que pusieron en peligro la vida de miles de habitantes y las propias instituciones del Estado».22
 
En Brasil, «las condiciones de detención seguían siendo crueles, inhumanas o degradantes. La tortura se empleaba regularmente en los interrogatorios, con fines de extorsión o para castigar, controlar o humillar», según AI, además del problema de la superpoblación.23
 
Por otra parte, «litigios territoriales ocasionaron este año atentados contra los derechos fundamentales, cometidos tanto por asesinos profesionales al servicio de los latifundistas como por policías». Al menos 20 personas fueron asesinadas en 2009.24
 
Según AI, los derechos de los trabajadores fueron violados y «miles de trabajadores eran mantenidos en condiciones que se asimilan a la esclavitud». El derecho a una vivienda digna no se respeta. Por otra parte, «se siguen cometiendo graves atentados contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes indígenas.25
 
Canadá
 
Según AI, las autoridades canadienses «no han respetado los derechos de los pueblos autóctonos durante la entrega de autorizaciones para la explotación de las minas, selvas, petróleo u otros recursos naturales. El Gobierno sigue afirmando, sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá».26
 
La organización denuncia también las discriminaciones contra los indígenas y particularmente los niños. Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha contribuido a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos».27
 
El derecho de las mujeres se viola regularmente en Canadá. Así, «numerosas mujeres, adolescentes y niñas sufren violencias» y «el gobierno canadiense no ha tomado ninguna medida para elaborar un plan de acción nacional completo para luchar contra la violencia y la discriminación».28
 
Canadá también fue cómplice de actos de tortura al entregar a sospechosos a las autoridades afganas en el marco de la lucha contra el terrorismo.29
 
Por otra parte, las fuerzas de policía cometieron un asesinato por medio de una descarga eléctrica con la ayuda de pistolas Taser.30
 
Colombia
 
En Colombia, la población civil es «víctima de desplazamientos forzados, ataques ciegos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso de menores, violencias sexuales contra mujeres y homicidios», cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla.31
 
AI contabiliza 20.000 casos de desapariciones forzadas y 286.000 casos de personas desplazadas. La organización subraya que «el gobierno se ha negado a apoyar una propuesta de ley que prevé el otorgamiento de reparaciones a las víctimas del conflicto sobre una base no discriminatoria, es decir sin ninguna distinción según el hecho de que los autores de las violaciones sean agentes del Estado o no. El texto fue rechazado por el Congreso en junio».32
 
Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de las Poblaciones Autóctonas calificó la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia como «grave, crítica y profundamente preocupante». AI señala que «al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008».33
 
El Departamento Administrativo de Seguridad, que opera bajo la autoridad directa del jefe del Estado, está implicado en «un amplio caso de espionaje ilegal llevado a cabo durante un largo periodo. Entre las víctimas figuraban defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la acción. Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos». AI agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones penales por motivos falaces».34
 
En 2009, 80 miembros del Congreso fueron objeto de una «investigación legal por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares». Varios magistrados que participan en la investigación recibieron amenazas de muerte, según AI.35
 
Las fuerzas de seguridad cometieron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. «El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias declaró que esos homicidios fueron cometidos por un número importante de elementos del ejército». El ejército sigue colaborando con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres». Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda preocupación».36
 
México
 
En México, más de 6.500 personas fueron asesinadas en actos violentos ligados al narcotráfico. AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así como detenciones arbitrarias». La organización agrega que «víctimas y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar presentar una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables».37
 
AI afirma que «se señalaron varios casos de violaciones de los derechos humanos –desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria, entre otros– imputables a agentes de la policía municipal, federal o de los Estados». Además, «las promesas de las autoridades, que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las alegaciones de tortura, no se cumplieron».38
 
Los migrantes también fueron víctimas de las autoridades mexicanas. Padecieron «brutalidades, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos funcionarios». AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos fundamentales de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en Ayutla». AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso de opinión y militante de otra organización local de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel sobre la base de una acusación de asesinato inventada».39
 
En México varios periodistas fueron amenazados, agredidos y secuestrados, según AI, particularmente los que «se interesaban por las cuestiones de seguridad pública y de corrupción». Al menos 12 periodistas fueron asesinados en 2009. Además, «las investigaciones abiertas sobre los asesinatos, los raptos y las amenazas de los cuales los profesionales de la prensa fueron objeto desembocaron muy pocas veces en acciones legales, lo que contribuye a mantener un clima de impunidad».40
 
AI denuncia las discriminaciones y las violencias cometidas contra los pueblos indígenas, expoliados de sus tierras y de sus viviendas por las autoridades, «con el objetivo de explotar los recursos locales».41
 
Las mujeres y niñas constantemente son víctimas de violencias. «Numerosos casos de asesinatos de mujeres, después de secuestrarlas y violarlas, se señalaron en los Estados de Chihuahua y México», apunta AI. Pero, «la impunidad sigue siendo la norma para los asesinatos de mujeres y los demás crímenes violentos de los cuales son víctimas». Por otra parte, 14 de los 31 Estados de México se niegan a aplicar la ley de despenalización del aborto.42
 
Conclusión
 
El informe de Amnistía Internacional es edificante en varios aspectos. Primero, se descubre que aunque la organización subraya algunas violaciones de los derechos humanos en Cuba, la isla del Caribe se encuentra lejos de ser el chico malo del continente. Esta constatación pone en tela de juicio la estigmatización de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas respecto a La Habana.
 
Así, la prensa occidental engaña a la opinión pública cuando presenta a Cuba como el principal violador de los derechos humanos en el continente americano. Estados Unidos, por su parte, no puede justificar de ningún modo la imposición de las sanciones económicas por la situación de los derechos humanos en la isla y debe eliminarlas. En efecto, no sólo no tiene ninguna autoridad moral para disertar sobre este tema en vista su propia situación, sino que además la mayoría de los países del continente presenta una situación peor que la de Cuba.
 
En cuanto a la Unión Europea, debe poner fin a la Posición Común, que es discriminatoria y poco creíble por las mismas razones, y normalizar las relaciones con La Habana. Conviene ahora evaluar la autoridad moral de Bruselas sobre esta cuestión.
 
Continua.
 
miércoles 14 de julio de 2010

Cuba y la retórica de los derechos humanos (Parte II – Final)

Por: Salim Lamrani (especial para ARGENPRESS.info)
http://www.argenpress.info/2010/07/cuba-y-la-retorica-de-los-derechos.html
 

Analicemos ahora la situación de los derechos humanos en Francia, Alemania, España Reino Unido y República Checa.

Los derechos humanos en el seno de la Unión Europea
 
Francia
 
Según Amnistía Internacional (AI) en Francia persisten graves violaciones de los derechos humanos. Así, la policía es responsable de “uso excesivo de la fuerza y de malos tratos que, al menos en un caso, causaron la muerte de un hombre”. Ali Ziri, un argelino de 69 años, “falleció después de su arresto el 9 de junio [de 2009] en Argenteuil”, después de un control de rutina. Según AI, las fuerzas del orden golpearon a Ziri durante su arresto y su trasferencia a la estación de policía junto con un amigo. “Un mes más tarde, el Ministerio Público archivó el caso y afirmó que las investigaciones que la policía de Argenteuil llevó a cabo no indicaban que hubieran existido malos tratos”. La familia de Ziri exigió entonces un peritaje de comprobación al Instituto Médico Legal (IML) de París. Esta nueva autopsia “revelaba múltiples hematomas en el cuerpo de Ali Ziri e indicaba que la muerte resultaba probablemente de una asfixia mecánica”. Entonces se abrió una investigación legal, pero AI señala que “los policías involucrados no fueron suspendidos de sus funciones”. La organización también denuncia la impunidad de la cual gozan los responsables de esas exacciones. Así, “además de la lentitud de su progresión, las investigaciones sobre estas alegaciones que las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes y las autoridades judiciales llevaban a cabo parecían a menudo carecer de independencia y de imparcialidad”.1
 
AI subraya también el caso de otro homicidio que cometió la policía en enero de 2005. El IML de París publicó un informe al respecto en julio de 2009. “Su informe de comprobación indicaba que la muerte de ese hombre resultaba de una violenta sacudida y que el testimonio de un policía que afirmaba que Abou Tandia se había tirado contra una pared era contradicho por las constataciones médicas”. El juez de instrucción se negó a pedir la audición de los policías responsables del crimen.2
 
AI denuncia también “la sobrepoblación extrema y la falta de higiene en el centro de retención de Mayota”, así como las condiciones de vida degradantes de los migrantes de Calais cuyos precarios campamentos fueron arrasados por las autoridades.3
 
La organización apunta la creación de dos nuevos registros policiales destinados a recoger información sobre las personas consideradas como una amenaza por el orden público. Según ella, “subsistían preocupaciones no obstante por la amplitud de los datos personales recolectados sobre personas que no estaban acusadas de ninguna infracción, incluso niños a partir de los 13 años, y de la formulación vaga de los criterios de inclusión en este registro, que concernía particularmente a las personas cuya actividad [… ] indica que podrían atentar contra la seguridad pública”.4
 
El 14 de junio de 2010, Francia exigió de Cuba que liberara a “todos los presos de opinión y de conciencia”, sin plazo. Cuba, por su parte, afirma que nadie está encarcelado por delitos de opinión sino por recibir un financiamiento del gobierno de Estados Unidos, algo que los propios disidentes reconocen.5
 
En cambio, París reconoce oficialmente la presencia de “presos políticos”, por boca de Michèle Alliot-Marie, ministra de Justicia. El diario Le Monde relató esta realidad en un artículo del 31 de enero de 2009:
 
“Preguntada sobre la promesa del Gobierno de acercar a los detenidos corsos, ‘MAM’ certificó: “Hay que ser pragmático. Hay 28 sitios en la prisión de Borgo (cerca de Bastia) y los 26 están ocupados…” Antes de precisar: “Además, de los 26, ocho son presos políticos”. La sorpresa estalla en la pequeña alcaldía de Calvi donde se encuentra. “¿Presos políticos?” El Estado siempre se ha negado a calificar así a los que considera como presos comunes o terroristas mientras que los propios nacionalistas corsos reivindican abiertamente esta calificación”.6
 
Alemania
 
Según AI, las autoridades alemanas usaron “pruebas aparentemente arrancadas bajo la tortura” en el marco de un caso de terrorismo internacional. “El acta de acusación de la fiscalía se basó en parte en las declaraciones que hizo el acusado durante su detención en Pakistán, durante la cual afirmaba haber sido golpeado y privado de sueño”. La organización subraya también que “investigadores alemanes habían interrogado a un testigo detenido en Tachkent con la presencia de agentes del Servicio de la Seguridad Nacional de un país, Uzbekistán, donde la práctica de la tortura es sistemática”.7
 
Alemania expulsó a “presuntos terroristas a países donde se arriesgan a ser torturados o sufrir otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que es contrario a las obligaciones internacionales” de la nación.8
 
Berlín también participó en el programa de detenciones secretas de la CIA, a pesar de una investigación del Parlamento alemán que excluía toda implicación de los poderes públicos y de los servicios de inteligencia. “Para Amnistía Internacional, no obstante, la investigación y el informe proporcionaban suficientes elementos que demostraban que Alemania era cómplice de violaciones de los derechos humanos”. Por otra parte, la Corte Constitucional Federal consideró que “el Gobierno había violado la Ley Fundamental porque no había comunicado a la comisión de investigación parlamentaria algunos documentos útiles, argumentando que, en el interés del Estado, tenían que permanecer confidenciales”.9
 
Alemania procedió a la expulsión de varios demandantes de asilo hacia su país de origen, donde fueron arrestados y torturados por las autoridades. Varios gitanos también fueron expulsados hacia Kosovo, a pesar de los riesgos que incurridos. Según AI, “el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa se declaró preocupado por esas expulsiones”.10
 
La organización señala que los migrantes en situación ilegal así como sus hijos “sólo habían tenido un acceso limitado a la atención médica, a la educación y al apoyo jurídico en caso de violaciones de su derecho laboral”, en Alemania.11
 
Según AI, las fuerzas del orden estuvieron implicadas en la muerte de una persona detenida. Por otra parte Alemania, en el marco de la OTAN, es responsable de un ataque aéreo mortal que costó la vida a 142 personas cerca de Kunduz en Afganistán, el 4 de septiembre de 2009. “Bajo la presión, tres altos responsables gubernamentales y militares tuvieron que renunciar en noviembre”.12
 
Por fin, Berlín todavía no ha ratificado la Convención sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa. Hay una razón precisa para ello, revelada por la organización: “Alemania sigue siendo un país de destino y de tránsito para las mujeres usadas con fines de explotación sexual”, país donde la prostitución es legal.13
 
España
 
Según AI, los actos de tortura y otros malos tratos por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad son recurrentes en España. “Este año, otra vez, se señalaron casos de tortura y otros malos tratos que implican a representantes de la ley”. La organización apunta que después de la instalación de sistemas completos de videovigilancia completos en las estaciones de policía autónoma de Cataluña, las denuncias por violencias contra policías bajaron en un 40% respecto al año anterior. No obstante, «la policía nacional y la Guardia Civil no han implementado esas medidas todavía». En total, más de 230 denuncias “por torturas y otros malos tratos infligidos por representantes de la ley” se presentaron en 2009. La organización agrega que “las autoridades no han tomado ninguna medida para crear un comisión independiente encargada de procesar las denuncias contra la policía, a pesar de las recomendaciones que los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, en particular el Comité de Derechos Humanos [ONU] han formulado varias veces”. 14
 
Varios policías responsables de asesinatos todavía no han sido enjuiciados en España. Otros, culpables de violencias fueron condenados a pagar multas (600€). AI subraya “un aumento de los controles de identidad con carácter racista efectuados por la policía”, y denuncia los atentados contra los derechos de los migrantes y de los demandantes de asilo.15
 
Por otra parte, “las autoridades han mantenido en secreto a personas sospechosas de participación en actividades ligadas al terrorismo, aunque los órganos internacionales de defensa de los derechos humanos han exhortado varias veces a España para que renunciara a esta práctica”. Así, “en virtud de la legislación en vigor, las personas detenidas en secreto ven muy restringidas sus posibilidades de beneficiarse de una asistencia jurídica y corren un riesgo importante de ser maltratadas o torturadas”. El Comité contra la Tortura de la ONU condenó estas prácticas. Varios casos de tortura se denunciaron en España.16
 
España es culpable de graves atentados contra los derechos de los niños. “Menores que vivían en casas para niños administradas por los poderes públicos sufrieron violaciones de sus derechos fundamentales. Las informaciones recogidas muestran denuncias por negligencia, medicación forzosa, uso excesivo de la fuerza y violencias psicológicas y físicas por parte del personal”.17
 
La situación de las mujeres también es motivo de preocupación, según la organización. La violencia doméstica sigue causando graves daños en España. AI apunta que “las medidas de los poderes públicos frente a las demás formas de violencias ligadas al género, particularmente la trata con fines sexuales, son insuficientes”, y lamenta que “ninguna estructura oficial permita identificar a las víctimas de tráfico sexual o brindarles asistencia”.18
 
AI denuncia la presencia persistente de discriminaciones debidas a criterios étnicos y de origen en España. Las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial [ONU] y el Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos no se han aplicado. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lamenta que España no disponga de un órgano nacional para luchar contra las discriminaciones.19
 
En España, las desapariciones forzosas todavía no están inscritas entre las infracciones reprimidas por el Código Penal. La Audiencia Nacional se niega a investigar las desapariciones forzosas de la guerra civil y de la dictadura de Franco. Varios tribunales penales locales han calificado el descubrimiento de fosas comunes como “infracciones de derecho común y han cerrado las investigaciones con el motivo de que los presuntos crímenes habían prescrito”.20
 
República Checa
 
En la República Checa, los gitanos “sufren una hostilidad creciente por parte de la sociedad checa en su conjunto”. Son víctimas “de segregación en materia de enseñanza, de vivienda y de discriminación en el trabajo”. Las agresiones contra las poblaciones gitanas son frecuentes y las autoridades judiciales se niegan a disolver las milicias del Partido de los Trabajadores, “una formación de extrema derecha cuyos militantes organizan patrullas que atacan a los gitanos”. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia denuncia “el auge de las palabras odiosas contra los gitanos en los debates públicos y la multiplicación de las manifestaciones de grupos de extrema derecha”, y lamenta que los poderes públicos rechacen “la elaboración enérgica de leyes que prohíben todas las formas de violencia racista o de incitación al odio”. Así, una familia gitana resultó gravemente herida después del incendio criminal de su vivienda.21
 
La discriminación contra los niños gitanos también es amplia en la República Checa. La Corte Europea de los derechos humanos señala que Praga es culpable de “discriminación contra niños gitanos al ubicarlos –porque eran gitanos– en escuelas especiales”. Según AI, “la segregación sigue siendo la regla en centros escolares”. La organización agrega que “jóvenes gitanos están sobrerrepresentados en las escuelas primarias y las clases para alumnos que sufren de incapacidad mental leve”, o son agrupados en “escuelas y clases del sistema clásico reservadas para ellos”, las cuales “impartían a menudo una enseñanza de calidad inferior”. El sistema de enseñanza checo “tiende a excluir a los alumnos que tienen necesidades pedagógicas particulares”. Según un informe sobre la discriminación, “cerca de la mitad de los alumnos gitanos escolarizados en la primaria repetían o eran orientados hacia escuelas especiales”. Por otra parte, la justicia desestimó a varios demandantes gitanos que denunciaron casos probados de discriminaciones.22
 
Los gitanos son víctimas “de prácticas segregacionistas en materia de vivienda”. La Corte Europea de Derechos Humanos lamentó la pasividad del Gobierno al respecto.23
 
Casos recurrentes de “esterilización forzada de mujeres gitanas” persisten en la República Checa. La Corte Constitucional desestimó la demanda de indemnización de una mujer gitana “que había sido ilegalmente esterilizada”.24
 
Finalmente, AI denuncia casos de “tortura y otros malos tratos” por parte de las autoridades. Así, “algunos establecimientos psiquiátricos siguen usando camas de contención, incluso en ausencia cualquier riesgo para el paciente o su entorno”. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes recomendó en 2004 que las “camas-jaulas se retirasen inmediatamente del servicio y que las camas de red también se abandonasen a la mayor brevedad”, sin éxito.25
 
Reino Unido
 
El Reino Unido es culpable de “violaciones graves de los derechos fundamentales de personas detenidas en el extranjero”, particularmente de “tortura y otros malos tratos” realizados por “agentes de los servicios británicos de inteligencia”. Las autoridades rechazaron toda investigación independiente al respecto y los responsables británicos habrían intentado disimular la implicación del Reino Unido en estos casos.26
 
Londres ha estado implicado en el programa de “restituciones” dirigido por la CIA, en referencia a las personas secuestradas ilegalmente, y participó en las exacciones cometidas por las autoridades estadounidenses. Las autoridades británicas también hicieron uso de pruebas conseguidas bajo la tortura.27
 
El Reino Unido expulsó a varias personas hacia países donde se arriesgaban a “violaciones graves de sus derechos fundamentales, particularmente a ser torturadas”. La Gran Cámara de la Corte Europea de los Derechos Humanos también denunció varios casos de violaciones del “derecho a la libertad” de británicos encarcelados sin cargos ni juicio.28
 
AI denuncia “ordenanzas de control” que permiten a las autoridades “restringir, sobre la base de elementos secretos, la libertad, los movimientos y las actividades de personas sospechosas de implicación en actos de terrorismo”. Varias personas están actualmente detenidas sin razón precisa.29
 
En Iraq, las autoridades británicas realizaron actos de tortura y varios asesinatos en los centros de detención administrados por el Reino Unido. Así, Baha Moussa murió “en Iraq después de haber sido torturado durante 36 horas por soldados británicos”.30
 
En noviembre de 2009, el Parlamento adoptó una ley relativa a los instructores de policía que otorga al ejecutivo “el poder de ordenar la suspensión de una investigación del instructor de policía (la cual se abre en caso de muerte violenta, súbita o sospechosa), de abrir otras investigaciones en el marco de la Ley de 2005 relativa a las comisiones de investigación, con el motivo que ésas serían competentes para encontrar las causas del fallecimiento”.31
 
La policía y las fuerzas de seguridad hicieron “un uso desproporcionado de la fuerza, usaron armas tales como porras y escudos durante las cargas contra manifestantes y retiraron intencionalmente su matrícula”. Según AI, “en las grabaciones de video públicamente accesibles y fechadas el 1 de abril, pudimos ver a un policía que llevaba un casco y un pasamontañas golpear a Ian Thomlinson con la porra en el tobillo y hacerlo caer. En el momento del primer contacto, Ian Thomlinson, un vendedor de periódicos de 47 años, daba la espalda a un grupo de policías antidisturbios y se alejaba a pie, las manos en los bolsillos. Cayó y murió poco después. Sólo fue después de la difusión de la grabación que la policía reconoció que tuvo lugar un contacto con Ian Thomlinson”.
 
En febrero de 2009, el Ministerio Público de Inglaterra anunció que “los elementos de prueba no eran suficientes para concluir que hubo infracción por parte de la policía en el caso de la muerte de Jean Charles de Menezes, un brasileño muerto por bala en Londres en 2005 por policías”. Según AI, “esa decisión parecía ratificar la impunidad para este homicidio”.33
 
AI denuncia también la impunidad para “homicidios con carácter político” cometidos en el pasado en el Reino Unidos, con la “complicidad del Estado”. Cita varios casos entre ellos los de Patrick Finucane, “abogado, eminente defensor de los derechos humanos”, Robert Hamill, la abogada militante de los derechos humanos Rosemary Nelson y Billy Wright.34
 
AI finalmente señala discriminaciones contra gitanos, refugiados, demandantes de asilo y migrantes. La organización denuncia también la detención administrativa aplicada a niños y mujeres. Por otra parte, la violencia contra mujeres y chicas sigue siendo un problema recurrente en el Reino Unido.35
 
Conclusión
 
Según los informes de Amnistía Internacional, resulta difícil para la Unión Europea pretender que la Posición Común de 1996, todavía vigente, se justifique por la situación de los derechos humanos en Cuba. En efecto, las principales naciones del Viejo Continente presentan también graves violaciones de los derechos humanos, a menudo peores que las cometidas en Cuba. La autoridad moral de Bruselas se vuelve asá discutible en varios aspectos.36
 
España, por medio de su canciller, Miguel Ángel Moratinos, reconoce que la actual Posición Común de la Europa de los 27 respecto a Cuba es difícilmente defendible a causa de su carácter discriminatorio y de la falta de credibilidad de Bruselas. Llama a poner término a una política que ha fracasado y que perjudica la imagen de Europa en el continente latinoamericano, opuesto en gran mayoría a toda sanción arbitraria contra Cuba. La vía de la normalización de las relaciones entre La Habana y Bruselas pasa por la eliminación de la Posición Común.37
 
Ver tambien:
 
Revisado por Caty R.
 
Notas:
1) Amnesty International, «Rapport 2010. La situation des droits humains dans le monde», mayo de 2010. http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_FR.pdf (sitio consultado el 7 de junio de 2010), pp. 115-17.
2) Id.
3) Id.
4) Id.
5) El Nuevo Herald, «Francia vuelve a pedir excarcelación de presos de conciencia cubanos», 14 de junio de 2010.
6) Isabelle Mandraud, «Un grain de sable dans la visite de ‘MAM’ en Corse», Le Monde, 31 de enero de 2009.
7) Amnesty International, op. cit., pp. 14-15.
8) Id.
9) Id.
10) Id.
11) Id.
12) Id.
13) Id.
14) Amnesty International, op. cit., pp. 101-04
15) Id.
16) Id.
17) Id.
18) Id.
19) Id.
20) Id.
21) Amnesty International, op. cit., pp. 270-72
22) Id.
23) Id.
24) Id.
25) Id.
26) Amnesty International, op. cit., pp. 275-79
27) Id.
28) Id.
29) Id.
30) Id.
31) Id.
32) Id.
33) Id.
34) Id.
35) Id.
36) El Nuevo Herald, «La UE aplaza revisión de la Posición Común hacia La Habana», 15 de junio de 2010.
37) El Nuevo Herald, «Moratinos critica ‘posición común’ de UE», 1 de junio de 2010.
 
 
Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Acaba de publicar Cuba: Ce que les médias ne vous diront jamais. Disponible en librerías y en Amazon: http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Vous-Diront-Jamais/dp/2953128417/ref=pd_rhf_p_t_1 Para cualquier petición dedicada.
 
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