Petro copia modelo de salud de Barranquilla en crisis

Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, 10 de diciembre de 2011

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El martes 20 de diciembre un grueso número de organizaciones sociales y políticas de Barranquilla se concentrará en el Paseo Bolívar para hacerle un inédito corte de cuentas al alcalde distrital Alejandro Char en múltiples aspectos. Uno de ellos es el relacionado con la salud de más de un millón de barranquilleros, tema que fue objeto de análisis en distintos escenarios durante el año que termina y de denuncias en numerosas movilizaciones de usuarios y de ciudadanos perjudicados con dichas políticas. 

Las dos medidas con las que inició Char sus ejecutorias en esta materia fueron la liquidación de la empresa Redhospitales de carácter público y los despidos de más de dos mil trabajadores, siendo ésta la mayor masacre laboral en la historia de la ciudad. Luego inicio la construcción de la infraestructura hospitalaria conocida como Pasos y Caminos, unos de atención básica y otros de nivel uno, como también la readecuación de las instalaciones anteriores, para luego entregar la operación de toda la red pública a Caprecom en su calidad de IPS intermediaria, entidad que opera también como EPS. 

El contrato entre el distrito de Barranquilla y Caprecom sigue los lineamientos de la ley 100 de 1993 que volvió la salud una mercancía, ya que, como lo explicó Char en el periódico El Heraldo del 10 de abril de 2011, Caprecom le paga un arrendamiento al distrito por utilizar la red pública y le genera “una rentabilidad del 50 por ciento de lo que produce”. Para lograr esto el personal médico, de especialistas, enfermeras y planta administrativa son contratados a través de las nefastas cooperativas de trabajo asociado y los servicios se prestan, de tal forma, que el negocio sea rentable, así la atención deje mucho que desear y las quejas y reclamos se mantengan. A tal punto ha llegado la situación que el burgomaestre no ha querido prorrogar el contrato con Caprecom y le ha sugerido a la alcaldesa electa, Elsa Noguera, que no lo continúe. La cuestión se agrava porque Caprecom está colapsando en el país, tiene múltiples deudas y utiliza los recursos de Barranquilla para sobreaguar. Se colige que una prestación del servicio de salud en estas condiciones no puede erigirse como un modelo para replicar en el país. 

Por estas razones la opinión pública atlanticenses quedó sorprendida en los últimos días por la visita que hizo Gustavo Petro a Barranquilla para reunirse con Alex Char y respaldar su política de salud, sin parar mientes a todas las denuncias expuestas, anunciando en rueda de prensa que en Bogotá va a “adaptar y profundizar el modelo de salud de Barranquilla”. Y como si fuera poco, también va a copiar la puesta en funcionamiento de una “estampilla” para mejorar en Bogotá la infraestructura de hospitales públicos (El Heraldo, 1 de diciembre de 2011). O sea que le espera a más de ocho millones de bogotanos un nuevo impuesto, que no lo había anunciado en la campaña electoral, cuando obtuvo el respaldo de los grandes medios de comunicación. 

Mientras tanto en Barranquilla y en toda Colombia los sectores sociales y políticos democráticos continúan exigiendo un replanteamiento en la inversión social, que la salud pública deje de ser un negocio, que se eliminen los intermediarios financieros y se convierta en un derecho universal, gratuito y de calidad.

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