Debate sobre artículo de la ley de víctimas

Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, enero 23 de 2012

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Doctor

Fidel Cano

Director El Espectador

Ciudad 

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, intentó desvirtuar el análisis “¿Y la tierra prometida?”, publicado por El Espectador el 5 de enero de 2012, sobre el artículo 99 de la ley de víctimas. Tras estudiar el caso, considero acertado el texto del periódico, de acuerdo con la idea que se expresa en el subtítulo: “Serán muchos los desplazados que no volverán a sus predios aunque les sean titulados”, porque así se los restituyan estos seguirán siendo explotados por quien hoy los explota o por un tercero. 

El artículo 99 dice: “Cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución (…) el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar (…) la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el opositor –que es quien posee el predio– que estuviera desarrollando el proyecto productivo”. Aunque no lo diga un texto redactado para que sea confuso, es obvio que se apunta a “contratos” en los que quien tiene el predio y aparece como dueño de los cultivos le pagará algún tipo de arrendamiento por la tierra a la víctima a la que se le restituyó. 

Para precisar el espíritu de la norma, el artículo 99 agrega que “cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa –de quien tenga el predio–, el Magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros –es decir, de ninguna manera por parte del desplazado al que se le restituyó la tierra– y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución”. También es obvio que lo que recibirá la víctima a la que se le restituya su predio será alguna forma de arrendamiento por su tierra, creando lo que se ha llamado un rentismo paupérrimo. 

La propia carta del ministro le da razón en lo determinante a El Espectador: “no puede confundirse el derecho al retorno al predio, con la restitución del mismo, porque son derechos independientes, según lo establece el numeral 2 del artículo 73 de la ley 1448 de 2011”. Y cuando agrega que puede ser “conveniente para las partes (…) propiciar (…) un acuerdo entre el propietario restituido y quien esté explotando el predio objeto de la restitución”. 

Acierta, entonces, Luis Jorge Garay, director del Equipo Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, cuando concluye: “si el propósito de una política de tierras es lograr la restitución jurídica y material de los predios, permitiendo el ejercicio pleno de la propiedad como garantía de no repetición, no es válido establecer limitantes en las que el propietario restituido tenga que renunciar”. Y tiene la razón El Espectador cuando señala que “Este artículo, a juicio de los expertos, abriría un boquete para que las empresas que se han apropiado de grandes extensiones de tierra, comprándolas a terceros y siendo en gran medida cómplices del desplazamiento forzado, tengan una herramienta jurídica para defender sus proyectos y no entregar los predios a sus verdaderos propietarios”. 

Atentamente,

Senador

Jorge Enrique Robledo

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