Colombia requiere de un proyecto de auténtica unidad nacional

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 2 de febrero de 2011.

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Ninguno de los países que han construido economías con ingresos per cápita altos o en vía de alcanzarlos pudo lograrlo sin un proyecto de unidad y desarrollo nacional concebido como un plan de largo, mediano y corto plazo, en el que la nación, con los sectores que la componen, acordó propósitos comunes de progreso y bienestar. Un caso que puede ser clásico en este sentido es el de la llamada Revolución Meiji (1867-1912), que consistió en que la élite del Japón medieval, con emperador y todo a bordo –luego de conocer la Europa de la Revolución Industrial–, decidió llevar el país por el sendero del capitalismo y la industrialización. Que pocos lustros después desapareciera el analfabetismo ilustra el tipo de propósitos de un auténtico proyecto de unidad nacional. 

Alguien pensará que esa es la “unidad nacional” de Santos, porque congrega al 95 por ciento del Congreso y a las cúpulas de los gremios empresariales. Pero si se miran los resultados de sus políticas, y las de los gobiernos anteriores, que son las mismas, por lo menos desde 1990, cuando embarcaron al país en el libre comercio, se verá que no hay proyecto de unidad y progreso nacional sino un acuerdo entre ciertos sectores y personas para favorecerse ellos mismos, pero no a la nación colombiana como un todo, con algo que lo empeora: es cada vez más excluyente el grupito de poderosos beneficiarios de las determinaciones oficiales. 

La primera muestra de que no hay un proyecto de unidad nacional –que le sirva a toda la nación, que es de lo que se trata– lo da que Colombia es el tercer país más desigual del mundo y que la pobreza martiriza a la mitad de la población, mientras en Estados Unidos, Europa y Japón ronda por el diez por ciento. ¿Proyecto de unidad nacional con esa desigualdad? ¿Donde la política económica no tiene como prioridad el empleo y mejorar las condiciones de vida y de trabajo, para constituir un vigoroso mercado interno? ¿Con un sistema de salud en el que pierden pacientes, médicos, enfermeras, clínicas y hospitales y solo ganan los intermediarios financieros? ¿Si los bancos amasan utilidades que asombran, el crédito se concentra entre poquísimos y a los demás colombianos que logran conseguir uno les cobran tasas de interés muy altas? ¿Cómo es de unidad nacional el objetivo de concentrar la construcción de obras públicas en las trasnacionales y los financistas, mientras se excluye o somete a formas de subcontratación leoninas a la ingeniería nacional? ¿O una concepción educativa que toma a las inteligencias nacionales y las deja sin formación o a poquísimas las forma con un relativo buen nivel, mientras a las restantes las somete a una educación de calidad tan mediocre que las aliena? 

¿Cómo puede ser de unidad nacional un proyecto en el cual se firman acuerdos internacionales que obligan a Colombia a importar los alimentos que puede producir, dejando sin como emplear productivamente a millones de colombianos y de hectáreas? ¿O como el suscrito con México y los TLC con Estados Unidos y el que pretenden con Corea, que destruyen la industria que sobrevive, cuando se sabe que sin industrializarse Colombia no podrá salir del atraso y la pobreza? ¿O una política cambiaria y de libertinaje de los capitales foráneos calculada para lucrar la especulación financiera, que revalúa el peso y especializa al país en la minería de las trasnacionales? 

Si los colombianos no construimos un sueño colectivo de progreso, no simplemente a partir de sumar aspiraciones individuales, incluidas las que le hacen daño al país, la nación no podrá desplegar todo su potencial, que es enorme, como ocurre hasta ahora. El evidente fracaso de las orientaciones económicas y sociales que se le han dado a Colombia indica que hace falta armar un proyecto político de auténtica unidad nacional, con trabajadores, campesinos y empresarios y sin sectarismos políticos. 

Coletilla hasta cómica: fue un sainete el acto en el que hace unos días Santos les “entregó” una finca a unos campesinos en Ayapel, Córdoba. Porque la Dirección Nacional de Estupefacientes le había pasado esa propiedad al Incoder en 2005 y este se la adjudicó provisionalmente a los labriegos en 2006, ¡hace seis años! Lo nuevo fue que en diciembre concluyó el proceso legal de la extinción de dominio (http://bit.ly/ycCjMY). Este espectáculo, y el de Barranquilla, sirven para silenciar que este año solo se les restituirán tierras a 2.100 víctimas de la violencia, de las 160.000 que prometió el gobierno (http://bit.ly/Ahieqd), de un total de 350 mil. Nada permite prever que esta promesa se cumplirá.

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