Programa radial de Tribuna Magisterial, febrero 5 de 2012

Bogotá, febrero 5 de 2012

La primera emisión del programa Tribuna Magisterial de 2012 se inició con la nota editorial, para la cual se leyó el artículo “Colombia requiere de un proyecto de auténtica unidad nacional”, del senador Jorge Enrique Robledo; el profesor Guillermo Guevara presentó en su espacio para la ciencia el artículo “Ciencia Para el Pueblo”; sobre la más reciente reunión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- presentó un informe Manuel Martínez, estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería. En su primera entrevista del año para Tribuna Magisterial, el senador Robledo habló de temas como la coalición contra el TLC con Corea, la restitución de tierras a las víctimas de la violencia, las marchas de los cacaoteros y de los mineros y el resurgimiento del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas. 

Para tener acceso al audio total de este programa, haga clic en el siguiente vínculo: 

http://moir.org.co/IMG/mp3/Programa_5_de_febrero_de_2012.mp3

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En grave peligro salud de los maestros

Francisco Torres, Secretario de Prensa y Propaganda de ASEDAR, Arauca, febrero 4 de 2012

Cuando en cualquier reunión de educadores salta la liebre de la salud lo primero que se escucha son las quejas por la prestación del servicio. Con justificada razón se espera que el régimen especial de salud que conquistamos en lucha abierta se respete por parte del Gobierno y los contratistas. 

El Gobierno que planea su política bajo la premisa de que toda situación por mala que sea es susceptible de empeorar, ha recogido algunas de las quejas para darle sustento popular a su intención de acabar con lo poco que queda de especial en nuestros derechos de salud. 

Para ello comienza con lo más importante: la base económica. Con precarios recursos el servicio queda en declaraciones platónicas como las que hace el Fondo de Prestaciones en los pliegos de condiciones de la contratación. La realidad de lo que viene haciendo con la salud de los maestros colombianos y sus familias -un millón de personas- es que la lleva a convertirse en otro régimen de ley 100 por medio de imponer una “unidad de capitación del magisterio”, que es la unidad de capitación contributivo –sí, el de la ley 100- más un 48,32%. Con esa astucia se embolsillan para otras obligaciones setecientos mil millones de pesos al año de lo que cotizamos y de lo que cotiza el Estado como patrono. Y todavía les quedamos debiendo su “generosidad” de no quitarnos más. 

Pese a esa maniobra no se caiga en el error de pensar que los señores que le manejan la cosa pública a los dueños del país se dan por satisfechos. Nada de eso. Ellos van por todo. Por eso los contratos –que son por cuatro años y valen tres billones de pesos- quedan abiertos a las aseguradoras. Sí, esos pulpos financieros que engordan con el SOAT –maravilloso negocio-, los Fondos privados de Pensiones –maravillosísimo negocio-, entre otros. Como quien dice, les redondean el pastel. Sacó el Gobierno ante la presión del magisterio a las aborrecidas EPS –que son intermediarias financieras-, pero dejó a las aseguradoras –capital financiero al 100%-, que haciendo el papel de intermediarias se quedarán con una suculenta parte de los recursos en desmejora del servicio. 

Como para que no quede duda que les estén organizando el negocio disminuyeron el número de regiones de nueve a cinco. En la contratación vigente hay regiones con 6.854, 56.937, 75.124 personas que atender. En la que se piensa firmar la población oscila entre 169.000 y 200.000. Cuadraron las regiones para beneficio de los que van a contratar. Por eso quedaron regiones absurdas: ¡Arauca con la Guajira!, para solo citar un ejemplo. No se pensó en las personas sino en el negocio -business are business-. Ya de por sí las nueve regiones han tenido una consecuencia: deterioraron el servicio, sobre todo en los departamentos más apartados. Con las cinco será peor. 

Prueba de que se concentra el negocio en unas pocas manos está en el monto exigido de patrimonio a las empresas: antes era de 15 mil millones; ahora, de 55 mil millones hacia arriba. Se argumentará que es mejor que las empresas contratistas tengan un mayor músculo financiero, pero si eso fuera verdad las EPS –verdaderos monstruos financieros como SALUDCOOP- brindarían el mejor de los servicios. Y todos sabemos que no es así. 

Tanto en los anteriores pliegos como en los presentes se permite que empresas o personas naturales extranjeras participen. Ahora se les exige reciprocidad en cuanto a que en sus países se les conceda el mismo tratamiento a compañías colombianas de contratar que aquí se les da a los extranjeros. Se les pide un acuerdo entre los dos países y un certificado diplomático. No obstante, “la inexistencia del acuerdo o certificación mencionadas no restringe la participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su oferta” ¿Para qué se habla de reciprocidad, entonces? Es un chiste. Pero vaya a ver si fuera en Estados Unidos o Europa. Todo esto se parece tanto al TLC que se pregunta uno si es sólo casualidad. 

En conclusión, mientras se desmejora el servicio se concentra el negocio en las aseguradoras y se legaliza la desviación que hace el Gobierno de Santos de nuestros recursos de salud. Ante ese oscuro panorama el camino a seguir es el de la movilización. La Junta Nacional de FECODE, próxima a reunirse, deberá convocar al magisterio colombiano a volcarse a calles y plazas en todo el país para mandarle un contundente mensaje de rechazo al gobierno santista en su pretensión de hacer del régimen especial un régimen de papel.

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