Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, febrero 20 de 2012

El senador Jorge Enrique Robledo le pidió a la ciudadanía examinar atentamente las cifras y los hechos sobre restitución de tierras aportadas por él en la entrevista con María Isabel Rueda para el diario El Tiempo (http://www.eltiempo.com/politica/ch…), y cotejarlas con las presentadas por el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo en la misma publicación. 

“Las pruebas son irrefutables –añadió el senador del Polo Democrático–, pero ante la incapacidad de refutarme, el ministro Restrepo recurre al insulto. Mala cosa. Y peor, porque así tampoco logra tener la razón”. 

Dijo que la ira no mejora las cifras negativas ni desvirtúa que el gobierno se propone tan solo 11.200 restituciones a diciembre de 2013, una burla a las víctimas, de las 160 mil restituciones que prometió el gobierno para septiembre de 2014, así Restrepo aduzca ahora que no hay metas. “Falso, sí las hay”, afirmó. Están explícitas en el Plan Nacional de Desarrollo (página 248, Tabla III-19 http://bit.ly/xAN7AD ), en la Rendición de Cuentas 2011 del propio Juan Camilo Restrepo (http://bit.ly/xTrlWm) y en la Presentación del Plan Nacional de Desarrollo hecha por el entonces director, Hernando José Gómez, en enero de 2011 (Ver Diapositiva 17/31 http://bit.ly/AiwObn). 

Finalmente el senador Robledo señaló que el ministro tiene que explicarle al país a quién le está faltando a la verdad, si a la Corte Constitucional, ante la que afirmó que “la carga de la prueba se mantiene en cabeza de quien se oponga a la restitución” (http://bit.ly/xl8sIo) o a María Isabel Rueda, a quien le dijo que “la inversión de la carga de la prueba no es eso. Consiste en que la ley le dijo al Estado: ayúdele a la víctima (…) a allegar las pruebas para que lo pruebe” (http://bit.ly/wEcnsA ), concluyó el senador.

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Para que ustedes estimados lectores puedan juzgar por sí mismos enviamos las respuestas del ministro a las preguntas de María Isabel Rueda:

Choque entre Restrepo y Robledo por cifras de restitución de tierras

Entrevistas de María Isabel Rueda, El Tiempo, Bogotá, febrero 20 de 2012

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Ministro Juan Camilo Restrepo

¿Por qué dice que las críticas del senador Robledo son pura bullaranga? El senador Robledo anda muy preocupado porque a él no le cuadran las cifras de la restitución de tierras…

El senador Robledo, que no votó la ley de víctimas, parece estar muy preocupado de que las cosas estén marchando bien. Entonces anda en una campaña desesperada y frenética por caricaturizar y desconceptuar lo que se está haciendo, malinterpretando las cifras oficiales, lo cual conduce a la mendacidad (hábito de mentir). Es tan frenético su afán por descalificar esta ley, que le está ganando el campeonato al expresidente Uribe en Twitter. 

¿Es cierto que las cifras que exhibe el Gobierno mezclan restitución con titularización de baldíos?

El Gobierno ha sido escrupulosamente cuidadoso desde el primer día en todos sus documentos y estadísticas para distinguir entre lo uno y lo otro. Mire, por ejemplo, el título de este libro que publicó el Ministerio: Política integral de tierras: un viraje trascendental en la restitución y formalización. 

Pero en las cifras que él muestra no parecen estar discriminadas…

Mire. Esta semana le presenté a la Corte Constitucional un informe oficial y completo donde están todas las cifras y las explicaciones de cada cosa. Titulación del baldíos: 566.000. Restituciones por la vía administrativa: 18.000. Total de ejecución de política de tierras, 852.000. Estos son los datos a final del año 2011. No puede haber grandes cantidades de restituciones de las de la ley de tierras y víctimas porque llevamos dos meses de este año, y solo empezó a regir a partir del 1o. de enero. 

¿Cuál es entonces el balance de los primeros 18 meses del Gobierno?

Es cierto que la mayoría de lo que se ha hecho es titulación, y eso no lo ocultamos. La restitución apenas comenzó el 1o. de enero de este año. Bajo este gobierno se han intervenido 853.000 hectáreas, la mayoría de las cuales ha sido titulación, que tampoco es una cosa menor, porque es uno de los problemas agrarios más graves. El 40 por ciento de los predios en Colombia no tiene escrituras sino tenencia precaria, por lo que se carece de acceso al crédito y a la hipoteca, a la movilidad social y al subsidio. El ser informales, sin títulos, es una de las trampas que atenazan al campesino colombiano. 

Está muy bien eso de la titularización. Pero la restitución es más difícil, pisa más callos, hay que despojar al tenedor para devolvérsela al campesino…

Este gobierno encontró muchos expedientes no tramitados, olvidados, casos emblemáticos en el Incoder que pueden conducir a restitución de tierras por la vía administrativa, y esas se han venido haciendo desde el 7 de agosto del 2010 hasta la fecha, con todas las complejidades jurídicas. Esas son 18.000 hectáreas. Con la aplicación de la nueva ley a partir del 1o. de enero, hemos recibido ya 8.200 solicitudes de restitución sobre cerca de 550.000 hectáreas. Esas se regirán bajo la nueva ley. 

El senador dice que usted fijó una meta de restituir a 160.000 familias, y que ahora la abandonó…

Como el doctor Robledo no votó la ley, parece que no la ha estudiado tampoco. Y como no la ha estudiado, no entiende el procedimiento señalado por la ley, que dice que el Estado recibirá tantas solicitudes de restitución como se le presenten. No es que haya metas: hay es deberes de recibir las solicitudes de restitución, todas las que lleguen. 

¿Tramitan todas las solicitudes?

No. Estamos estudiando las cerca de 8.200 que ya hemos recibido a través de las oficinas que para tal efecto estamos abriendo por todo el país. Y sobre aquellas que se encuentren bien sustentadas, se acompañará a las víctimas hasta los estrados de los jueces agrarios que se han creado para que estos den la última palabra sobre si procede la restitución o no. 

Entonces lo de las 160.000 familias es un cálculo. ¿Cómo llegan a esa cifra?

El senador Robledo ha hecho una bullaranga sobre la cifra de 360.000 casos que menciona la ley del plan para el decenio, y 160.000 para el cuatrienio. Esas cifras, se lo informé a la Corte Constitucional, vienen de que, cuando se empezaba a diseñar la ley, el Gobierno tenía que preparar todo el instrumental presupuestal, administrativo, judicial, logístico, para hacerle frente al proceso de restitución. Juiciosamente se calculó cuántos potenciales reclamantes de restitución de tierras o cuántos potenciales retornantes por despojos forzados puede haber. 

¿Y cuáles estudios sociales tomaron como base?

El registro único de población desplazada, el registro único de predios, los estudios de la Fiscalía y los estudios que ha hecho la Pastoral Social de la Iglesia. Los cruzamos y la conclusión es que en el último cuarto de siglo pudo haber, entre gente a la que le quitaron la tierra, y la que tuvo que abandonarla forzadamente, algo así como 360.000 casos. El Gobierno planeó su infraestructura para poder atender administrativa y presupuestalmente eso en diez años. Y en este cuatrienio, 160.000. Pero eso no es propiamente una meta. 

¿Es cierto que el plan de invertir la carga de la prueba a favor del campesino echó reversa?

Nuevamente el senador Robledo hace gala de su desconocimiento de la ley, porque esa es una de sus grandes novedades. Al ser una ley de justicia transicional, su esencia es que se pueden acoger mecanismos que no son usuales en el derecho ordinario. Si la carga de la prueba no se hubiera invertido y se aplicaran los estándares normales, una familia desplazada hace 15 años y que está aquí en el semáforo de la calle 85 tratando de ganarse la vida tendría que ir de notaría en notaría o de oficina en oficina en registro buscando los papeles para acreditar su pretensión. Como Estado, le ayudamos a la víctima a que allegue las pruebas para hacer valer su derecho. 

Hasta donde yo tenía entendido, el que tiene que demostrar su derecho es el tenedor o propietario al cual se le reclama la tierra…

No. La inversión de la carga de la prueba no es eso. Consiste en que la ley le dijo al Estado: ayúdele a la víctima, que en condiciones normales debería probar su despojo, a allegar las pruebas para que lo pruebe. Lo que hace la inversión de la carga de la prueba es levantar de los hombros de la víctima reclamante algo que en condiciones normales sería su obligación en un juicio ordinario, como es probar su despojo. 

El senador Robledo niega que la ’bullaranga’ sobre las cifras de la restitución se deba a una espinita de la izquierda porque el Gobierno les haya quitado una de sus banderas…

Yo sí creo que tiene mucho de eso. Porque inclusive muchos senadores del Polo, como el senador Avellaneda y otros, votaron y participaron muy entusiastamente y enriquecieron mucho la discusión de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Sin embargo, un grupito del Polo, entre otras cosas los mismos que eran amigos de la administración de Samuel Moreno en Bogotá, dijeron que no les gustaba este proyecto y no lo votaron. El último día presentaron 150 proposiciones. Total, se marginaron del proceso. Yo sí creo que están ahora un poco inquietos porque ante una política que sobre todo es sincera y trasparente, y que busca revisar una de las desfiguraciones más grandes que se han dado en la estructura agraria del país, como es esta informalidad y el despojo violento de la tierra, están viendo que se quedaron por fuera, a la vera del camino. Ahora, para colincharse en este proceso, no están haciendo una tarea propositiva y constructiva, sino que recurren a la caricatura y a la permanente desfiguración de los hechos.

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