Archive for 2/03/12

Por un modelo agrario de tipo dual


Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 2 de marzo de 2012.

Dice José Félix Lafaurie, Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán): “La pobreza en nuestra ruralidad es una de las más altas de América Latina con 50,3% –17 puntos por encima de las cabeceras. El ingreso per cápita real de los hogares en el campo es 67% menos que en las ciudades. El 42% de la población no tiene agua potable y la cobertura de alcantarillado no alcanza al 6%. Un escaso 3% del crédito comercial llega al sector primario. La formación bruta de capital fijo en el sector no pasa del 2%, y la participación sectorial en el PIB nacional es de 6,3%”. Y agrega: “Seguimos, por tanto, ante el fracaso del modelo predominante en los últimos 40 años” (El Heraldo, Feb.22.12). 

Por su parte, Rudolf Hommes escribe sobre la “crítica (…) situación de la pobreza rural”, señala la “elevadísima concentración de la tierra en Colombia” y de cómo, no obstante, “la producción campesina contribuye con el 50 por ciento de la producción agropecuaria”, de donde concluye que “es difícil, entonces, hacer el argumento de que los predios de menor tamaño son menos productivos” y declara la conveniencia de promover una “clase media rural” (Portafolio, Feb.20.12). 

El diagnóstico se completa señalando que la producción interna viene siendo reemplazada por las importaciones –hasta de café–, de manera que en Colombia ya no se sabe qué hacer con la tierra rural ni con las manos, la inteligencia y los recursos económicos de quienes pueden ponerla a producir. Y este problema se agravará con los TLC en los que se empeña el presidente Juan Manuel Santos, quien, además, no le concede importancia a la economía campesina ni a la de los pequeños y medianos empresarios, mientras usa su poder para montar una estructura agraria todavía más excluyente, a favor de banqueros, monopolios y trasnacionales. 

Con todo propósito, empecé este artículo citando a dos personas que se encuentran lejos de militar en el Polo Democrático Alternativo, pero que plantean un debate, que a mi juicio debe darse, sobre qué hacer con el sector agropecuario, a partir de reconocer la gravedad de la crisis que lo acosa. Lo que sigue puede llamarse mi case en una discusión en la que se juega el futuro del país como un todo, porque no puede superarse el atraso y la pobreza general si el agro no sale de esa condición, verdad que prueba la experiencia universal. 

En otras ocasiones, y en los debates sobre Carimagua y Agro Ingreso Seguro, expliqué que era partidario de un modelo agrario de tipo dual, es decir, de campesinos e indígenas, por un lado, y de empresarios y obreros agrícolas, por el otro, siempre en el entendido de que a todos les vaya bien y que las contradicciones entre lo campesino y lo empresarial y el capital y el trabajo se traten de manera democrática y civilizada y pensando en el progreso del país como un todo. Es seguro que en Colombia pueden prosperar los dos sectores. 

Nadie que esté en el poder en Colombia pone en duda la importancia de la producción de los empresarios del campo. Y no seré yo el que introduzca esa duda, porque, por ejemplo, sería absurdo parcelar o lesionar los ingenios azucareros o hacerles daño a otras formas de economía empresarial. Pero en cambio sí se asume una posición dogmática y excluyente al negar lo mucho que la economía campesina le ha aportado al país y lo más que puede aportarle, y no solo por mejorar las condiciones de vida de tantos compatriotas, sino porque un campesinado próspero también jalona el progreso industrial y urbano, por la vía de ampliar el irremplazable mercado interno. Y ojo: en no pocas ocasiones, lo campesino logra lo que lo empresarial no puede, porque puede producir con recursos menores y resistir condiciones más adversas. Basta con mirar la historia del café. 

Otro aspecto del debate tiene que ver con la importancia decisiva de fortalecer el mercado interno y proteger el agro. Esto también lo prueba la experiencia global. Y la de los últimos veinte años en Colombia, donde han retrocedido los sectores enfrentados a las importaciones subsidiadas, han perdido o ganado poco las exportaciones y el mayor avance lo han logrado los cultivos para agrocombustibles, a los que el Estado les creó el mercado y los respalda de otras maneras.

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La regresiva tendencia de la escuela-marketing. Dos víctimas.


Aurelio Suárez Montoya, Bogotá 28 de febrero de 2012

Se llama “revolución educativa” a la orientación de currículos escolares hacia el mercado, al papel asignado a Colombia en la división global del trabajo, como productor de recursos naturales, industrias livianas, agronegocios tropicales y servicios técnicos, a refrendar la vocación de mano de obra barata. 

La propuesta del Ministerio de Educación en cuanto a “calidad” se funda ahí. Liga la educación casi al sólo “desarrollo económico”; la centra en “competencias laborales”; en estándares de “competitividad” y en evaluación con pruebas funcionales a dicho propósito (Saber y Ecaes). El resultado es un ranking de colegios y universidades para revistas de negocios, el podio de escuelas-marketing. El modelo está en boga y los padres de familia se desvelan por “dejarles a sus hijos una educación contra el desempleo”. Voces autorizadas se pronuncian contra esta educación “pertinente” para semicolonias. “Debe asegurarse la formación humana y no técnica del joven, aunque ello se logre a través del aprendizaje técnico”; “abandonar el estímulo a la competencia entre alumnos porque fortalece la negación de sí mismo y el desprecio por los demás”; “la cualificación se ve sometida al mercado”; “el maestro termina como instructor para pruebas estandarizadas”; “no tiene nada de revolución. Es un plan de cobertura sin inversión adicional” (Maturana, H; Vasco, C.E; Mejía, M.R, entre otros). 

La escuela-marketing deja víctimas. Dos colegios emblemáticos, ejemplos de otro tipo de educación peligran por el turbión. El Mayor de San Bartolomé, institución de calidad con subsidio oficial, fundada en 1604 y manejada por los jesuitas, está cercado por el cambio arbitrario del contrato por parte del Ministerio de Educación. Argumentando “la gratuidad”, redujo recursos y dejó descubiertos costos para asignaturas fundamentales, impidiendo la “formación integral” aplicada por esta comunidad. Consiste en desarrollar armónicamente al ser humano en los campos ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal y socio-político, para “su realización plena en la sociedad”, algo que trasciende las meras competencias laborales del Ministerio. 

Otro es el Gimnasio Moderno. Algunos miembros directivos, que piensan apenas en preparar ejecutivos globalizados y en onda con la escuela-marketing, no resistieron el puesto 276 en el ranking Saber 11 del Icfes y que el “bilingüismo” se tratara según la máxima del fundador, Agustín Nieto, “modernizar sin extranjerizar”. Cobraron la cabeza del apreciado rector, Juan Carlos Bayona, intérprete del legado de Don Agustín, de “desarrollar plenamente al individuo, no como una unidad aislada que ha de brillar por su superioridad, sino como miembro de una comunidad a la que ha de enaltecer”. 

En ambos casos reaccionó la comunidad educativa, en justa resistencia a la escuela-marketing, aquella que inspira terribles sentencias como la de un ex rector universitario: “Quizás estamos enseñando demasiado”.

ARGENPRESS.info – Resumen de noticias del 02/03/2012‏


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Argentina, Salta: “Estamos a favor de una escuela pública gratuita y laica”, afirmó María Alaniz


 

ARGENPRESS.info – Resumen de noticias del 02/03/2012‏

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)
 

María Alaniz, es una de las madres que presento el recurso de amparo, solicitando la inconstitucionalidad del artículos 27 de la Ley Provincial de Educación y el articulo 49 de la Constitución de la Provincia de Salta, medida que hizo lugar parcialmente el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, Marcelo Domínguez.

Alaniz fundamento que la acción entablada persigue la finalidad de evitar el trato desigualitario y discriminatorio que ocasiona en su aplicación práctica el dictado de la materia educación religiosa en las escuelas públicas, no estableciendo uniformidad de criterio entre las distintas instituciones educativas, sobre opción, calificación y eximición de cursado de la materia a niños y niñas no católicos y no creyentes.
 
En el amparo Alanis junto a otros padres relatan que, “desde la sanción y promulgación de la ley provincial Nº 7546 que declara de carácter obligatorio la enseñanza de religión en las escuelas públicas en octubre de 2008, la implementación de la obligatoriedad trajo como consecuencia una serie de prácticas que no se compadecen con libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la Nación, Constitución de la Provincia y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Explican que, tal como surge del nuevo texto legal, se garantiza en su letra la pluralidad religiosa, pero la falta de políticas de estado tornan a la ley inconstitucional en su ejecución y aplicación práctica. Así, relatan diversos casos tales como el de la Escuela René Favaloro de la Ciudad de Salta en la que a los menores se les impuso como práctica obligatoria el rezo de la oración diaria, o que los niños ante el dictado de la clase de religión deban salir de clase -hecho que de por sí resulta discriminatorio y violatorio al derecho de no expresar el culto que se profesa- y retirarse a la biblioteca donde no se le da ningún tipo de actividad curricular correspondiente al plan de estudio, y que estas circunstancias se repiten en todos los grados con la salvedad que los más pequeños se sienten obligados a permanecer en el aula por la autoridad que imparten los maestros. En la Escuela Juana Moro de López de la localidad de la Caldera refieren que a partir del dictado de educación religiosa como obligatoria, la Sra. Natalia Simón que es docente en dicho colegio y madre de la menor Sara, sólo fue llamada por el titular de la materia a una reunión de carácter informativo para saber el número de niños no católicos en el aula, sin informarle a los padres que les asiste el derecho de opción o el derecho de recibir la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También que en la institución es costumbre el rezo inicial a la entrada efectuado de manera obligatoria todos los días, retrasando 20 minutos el ingreso a clase”.
 
También afirman que “en la Escuela Bartolomé Mitre de Campo Quijano los alumnos se ven obligados al rezo inicial de todos los días, y que el menor Emiliano Ezequiel Gutiérrez de 12 años de edad estuvo forzado a permanecer en el aula y realizar distintas actividades religiosas que le impartían sus docentes, pese a manifestar que no quería permanecer en clase, y que fue calificado con baja nota. Narran que en la Escuela Dodi Araoz Usandivaras de Campo Quijano la menor Inti Aimar Quispe, a los cinco años, era obligada a rezar, y que en la Escuela Jacoba Saravia no se respeta la voluntad y elección de los padres respecto a la religión”.
 
Sostienen que “los hechos relatados son una muestra de situaciones similares que suceden en todas las escuelas de la Provincia y que representan una amenaza a los conceptos de pluralidad y tolerancia religiosas, suponen un retroceso en términos prácticos, al otorgar a un credo en particular un espacio que podría dedicarse a impartir elementos comunes a todos los niños y niñas de diversos cultos o bien sin ninguno. Entienden que en términos prácticos el texto de los artículos 28 inc. ñ y 8 inc. l, obstaculizan los fines de la modalidad de educación intercultural y/o bilingüe, y que dada la obligatoriedad de este tipo de enseñanza, las comunidades de pueblos originarios deberán ausentarse masivamente de clases de religión católica contradiciendo el art. 60 de la misma Ley que afirma que los pueblos originarios tienen derecho a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales; también, la contradicción que conlleva que sea el Arzobispo de Salta quien públicamente haya comunicado que se convocaría a concurso para designar supervisores de enseñanza religiosa escolar”.
 
Asimismo, destacan que “los docentes encargados del dictado de la materia serán seleccionados por la Junta de Calificación de Méritos y Disciplina, y que los títulos habilitantes para el dictado de la materia son otorgados por el Profesorado de Ciencias Sagradas Monseñor Tavella, instituto de formación religiosa que depende de la Curia y cuya finalidad es formar a los estudiantes como asistentes pastorales y dirigentes católicos, y que impone como requisito de ingreso el haber recibido el bautismo”.
 
Sosteniendo que “el respeto a la pluralidad declamado es sólo una apariencia mientras que se revela el verdadero propósito de los que tienen responsabilidad en la aplicación de la Ley, esto es la utilización de la educación obligatoria como un dispositivo de reproducción de la religión hegemónica, y que la acción y prácticas demostradas indican que nos acercamos a la adopción de un credo del estado, tesis expresamente descartada por los constituyentes porque revelaría una implícita pero no por ello menos clara adhesión a un culto en detrimento de los otros”. Estiman “que el concepto de “sostener” empleado en el art. 2 de la Constitución Nacional es de alcance restringido, y que la Reforma de 1994 eliminó diversas cláusulas constitucionales que otorgaban primacía a la religión católica. Que se viola los arts. 1.1 de la Convención Americana y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto las conductas descriptas tienen como consecuencia la instrucción religiosa católica en las escuelas públicas provinciales y vulnera la obligación de imparcialidad estatal en materia confesional, y por ello es violatoria del art. 2 de la Constitución Federal y así debe ser declarada, debiendo para ello realizarse una interpretación armónica del texto constitucional y de los tratados. Entienden que no queda duda alguna que las distinciones basadas en las creencias religiosas de los individuos constituyen lo que se denomina categorías sospechosas, afectadas de una singular y fuerte presunción de inconstitucionalidad. Citan diversos precedentes y destacan en particular el caso “Portillo” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que dicho Tribunal no dudó en resolver que toda coerción estatal sobre el derecho a la libertad religiosa debía ser sometida a un escrutinio judicial sumamente estricto a los fines de declarar su validez constitucional”.
 
Afirman que “los argumentos esgrimidos demuestran claramente que el accionar de los funcionarios provinciales encargados de la educación de los alumnos es contrario a los propios términos de los artículos 49 de la Constitución de la Provincia y 8 inc. l de la ley provincial Nº 7546, ya que lejos de reconocer el derecho de los padres y alumnos de decidir si éstos recibirán o no educación religiosa, la conducta de los funcionarios escolares provinciales se traduce en la práctica en la clara imposición de la instrucción coercitiva de la religión católica. Aclaran que el derecho de los padres y sus hijos a la libertad religiosa supone la libertad negativa de no verse obligado a participar de prácticas de fé. Concluyen que el art. 28 inc. ñ de la Ley 7546 es contrario a la Carta Magna en tanto establece la enseñanza religiosa como una materia obligatoria que debe enseñarse en horario de clases, y que ello afecta los principios constitucionales antes referidos, por ser incompatible con la absoluta libertad de las madres y padres de decidir si éstos recibirán o no educación religiosa, aún cuando la enseñanza tuviese en cuenta las diferencias de credo entre los alumnos por no respetar la obligación de que la instrucción religiosa debe carecer de todo elemento coercitivo”.
 
Alaniz, explico en una entrevista realizada por el periodista Marco Díaz Muñoz, los motivos que la llevaron junto a otros padres a presentar el recurso de amparo, contra el gobierno de la provincia de Salta, por considerar que sus hijos son discriminados, y el estado provincial vulnera el respeto a la libertad de conciencia con la enseñanza religiosa en las escuelas publicas.
 

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ARGENPRESS.info – Resumen de noticias del 01/03/2012‏


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