Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, marzo 5 de 2012

Debo iniciar esta columna excusándome con mis lectores por faltar a la cita semanal del lunes anterior, tengo que confesarles que obedeció a que tuve que dedicar mi tiempo a pararme largas horas en la fila de la tesorería municipal, para reclamar por el desproporcionado cobro del impuesto predial que le hicieran a mi suegra, una pensionada a la que casi le da un patatús cuando le llegó el recibo y que ahora tendrá que recurrir a un crédito bancario para pagarlo; paradójicamente yo ya no tengo esas preocupaciones porque la casa que alguna vez creí tener, me la despojó un crédito en UPAC y a falta de propiedad no pago ningún predial. Otro tema que ocupó nuestro tiempo, fue revisar con la comunidad que hacer frente al incremento en el recibo de servicio de agua, alcantarillado y aseo por la vía de la supresión de los subsidios, una de las consecuencias de la distribución de la “mermelada” de la nueva ley de regalías, que despojó a las regiones de estas compensaciones por la explotación de sus recursos naturales y los nocivos efectos ambientales y sociales, dineros con los que se alimentaba, entre otros, el fondo de subsidios para atender a los estratos 1,2 y 3. 

Pero el tema que quería compartir hoy, tiene que ver con la construcción de la represa del Quimbo: una obra por la cual los pescadores ya no tendrán pesca, los jornaleros ya no tendrán trabajo, los labriegos ya no tendrán sementera, los bañistas ya no tendrán río, los amantes del paisaje ya no tendrán la hermosa vista de las cacaoteras y la frondosa vegetación que arropa al valle del río y Luis Carlos ya no tendrá su ojo derecho porque la fuerza pública guardando los protocolos de los derechos humanos –según el presidente- dejaron descargar sus bombas de gases lacrimógenos y de granadas disuasivas, bajo las precisas órdenes del jefe de seguridad de EMGESA, contra los manifestantes. Las imágenes que circulan por internet, que nos muestran la brutal agresión de la policía contra inermes campesinos y pescadores apostados en la rivera del río grande de la Magdalena son la palmaria evidencia de a quien le sirven estas “fuerzas de seguridad del Estado”, además los desalojaron de manera ilegal, según el alcalde de Paicol: por órdenes del Ministro del Interior, hermano del Presidente de CODENSA que forma parte del grupo empresarial de la multinacional involucrada. 

Y así Santos podrá dormir tranquilo, momentáneamente, porque protegió a los inversionistas extranjeros del peligro de unos cuantos “revoltosos despistados” como calificó a los colombianos que sacaron a empellones los policías al servicio del capital extranjero y que han venido denunciando el leonino negocio contra los colombianos. 

Varios de los áulicos del gobierno anterior que se prestaron para todo tipo de trapisondas como AIS, Chuzadas del DAS, el montaje de las desmovilizaciones, falsos positivos y otras actividades ilícitas, andan pagando escondederos a peso y otros ya están tras las rejas, con lo que la vida se les volvió el infierno que le propiciaron a otros, aún recordamos las ínfulas de los protegidos por el Uribismo alardeando de intocables y pregonando que las andanzas de su mesías serían nuestra salvación. 

Con otro estilo, igual le ocurre ahora al dueño del poder, presume que no acabará nunca y se permite estulticias como la de asegurar, pese a las evidencias del video en mención, que la fuerza del ESMAD actúo en derecho. Ahora podrán prosperar algunos de los atropellos gubernamentales contra las gentes de bien, pero como se colige de uno de esos refranes populares, escueto y sin adornos: a cada marrano le llega su San Pedro y a este gobierno antinacional también le ha de llegar, la represa podrán hacerla pero no la explotarán eternamente porque la oposición continúa.

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